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El próximo lunes entra en vigencia en San Luis una ley que permitirá a los ahorristas iniciar un camino de salida del corralito. A medida que se acerca ese día, la presión de los bancos aumenta. Las dos cámaras que agrupan a las entidades financieras, ABA y Abappra, hicieron saber ayer que la provincia se quedaría sin actividad bancaria como consecuencia de esa ley. Desde la gobernación respondieron que el objetivo de la norma es abrir una instancia de diálogo entre los ahorristas y los bancos durante un plazo de 30 días hábiles y habilitar otros mecanismos para “no violentar el derecho de propiedad como hizo la Nación con las medidas dispuestas a partir de diciembre”.
Los bancos se resisten a cualquier negociación para la devolución de los depósitos y se amparan en la legislación nacional. “La medida durará hasta tanto la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre la constitucionalidad de los amparos contra el corralito”, indicó una fuente de ABA. El conflicto del gobierno de San Luis no es sólo con los bancos, sino también con la Nación, que se negó a destrabar los fondos que la provincia tenía depositados en el Banco Nación y después pesificó. De hecho, la ley que abre el corralito fue lanzada por la gobernadora Alicia Lemme en el marco de esa disputa con el gobierno central.
En concreto, la ley dispone la apertura de una instancia de negociaciones entre los ahorristas y los bancos por 30 días hábiles. El gobierno provincial no participará como mediador. Si no llegan a un acuerdo con las entidades financieras, los depositantes podrán denunciar esa situación ante el Ministerio de Economía provincial. El organismo oficial, a su vez, elevará cada caso particular a una comisión bicameral de la Legislatura que, finalmente, citará a los bancos para que hagan su descargo. Cumplido todo el proceso, la comisión dictará un fallo. Tiene facultades para imponer multas a los bancos y hasta para revocarles el permiso de operar en territorio puntano. Pero no para obligarlos a que restituyan los depósitos a los clientes.
Desde los bancos se afirma que la legislación provincial no puede regular la actividad financiera en los estados, ya que su actividad se enmarca dentro de la Ley de Entidades Financieras, que tiene jurisdicción nacional y que establece al Banco Central como organismo con poder regulador. En caso de que la Legislatura de San Luis dispusiera la revocación del permiso para operar a algún banco, fuentes del sector financiero adelantaron que recurrirán a la Corte Suprema para que defina el conflicto. La controversia sería entre dos normativas, una de origen nacional y otra provincial, que establecen medidas contrapuestas. En tanto, desde la gobernación no descartan que algunos bancos estén dispuestos a llegar a acuerdos con los clientes, ya que se podrán establecer las condiciones –plazo y moneda– libremente.