[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

El último miércoles celebró su primer cumpleaños el proyecto de ley que fue preparado para terminar “con la mayor inseguridad jurídica del país, que es que no haya un marco regulatorio general para las privatizadas”, según ponderó el ministro de Planificación, Julio De Vido, cuando la iniciativa acababa de ver la luz. Por aquellos días, Rodrigo Rato preparaba su primera visita al país como director gerente del FMI y el Gobierno se mostraba desafiante. La decisión política de avanzar con una ley que fijaba reglas claras de funcionamiento para los operadores de servicios públicos, que salvaba la aberración menemista de haber entregado esas compañías sin resguardar elementales derechos de los usuarios –como el acceso al agua potable– y que barría con privilegios escandalosos era toda una novedad en más de treinta años de relación con el poder económico.
“Cierta estrofa de la marcha peronista destaca el combate al capital”, respondía Manuel Solanet, ex secretario de Hacienda de Leopoldo Galtieri y, más acá, de Ricardo López Murphy. El 21 de septiembre del año pasado escribía que “esa estrofa tiene más vigencia que nunca bajo la actual gestión de Gobierno”, entre otras cosas, por “el proyecto de ley de un nuevo régimen de servicios públicos”. “Si se llega a sancionar esta ley, difícilmente podrán esperarse inversiones en sectores tan clave como los de infraestructura económica”, alertaba.
Semejante reacción obedecía a que el proyecto, si bien perfectible en aspectos centrales, era un primer paso trascendente en el camino de equilibrar la relación entre las empresas, beneficiadas durante años con ganancias extraordinarias, y los usuarios, quienes pagaron los costos de esas rentabilidades record. Así quedó reflejado en los siguientes puntos:

- Se prohíbe “todo ajuste automático” de las tarifas, que deberán ser “justas y razonables dentro del marco de riesgo empresario”.

- Bajo ningún supuesto “se le garantizará rentabilidad al prestador”, que deberá tener ganancias “razonables sobre el capital invertido”.

- Se crea un sistema solidario para los indigentes, que recibirán el servicio gracias a un aporte del resto de los usuarios (un aumento del 2 por ciento en sus facturas), del Estado (resigna 21 puntos de IVA) y de las empresas (contribuyen con un 10 por ciento).

- “El prestador no podrá interrumpir el servicio por ninguna causa. La interrupción será causal de rescisión culpable.”

- “El prestador no podrá interrumpir el servicio por falta de pago del usuario si se afectare las condiciones esenciales para su subsistencia.” Hoy existen más de 30.000 familias a las que Aguas Argentinas les cortó el agua por mora.

- “La falta de pago del canon por más de 90 días dará lugar a la rescisión culpable del contrato.”

- El Estado definirá en todos los casos los planes de inversión.

- Se desconocen los tribunales de arbitraje extranjeros, como el Ciadi.

- Las casas matrices deben responsabilizarse por los compromisos asumidos por sus subsidiarias.

- Las empresas deberán pedir autorización a los entes reguladores para contratar o comprar insumos a empresas vinculadas.

- Las indemnizaciones por despido no podrán ser computadas como inversión.

- Se elimina la vía administrativa para apelar sanciones.
El marco regulatorio general es una vieja aspiración de las asociaciones de usuarios y de todo el arco progresista, que durante años denunció los abusos tolerados a las privatizadas y exigió que se les impusieran condiciones de operación equiparables con las que esas mismas empresas deben cumplir en sus países de origen. En los fundamentos del proyecto que llegó al Congreso el 24 de agosto de 2004, el Poder Ejecutivo expuso su voluntad de “resolver una asignatura pendiente, tal como debería haberse encarado en forma previa al inicio del proceso de privatizaciones”.
La iniciativa lleva las firmas de Néstor Kirchner, Alberto Fernández, Roberto Lavagna y De Vido. Sin embargo, el ministro de Economía estuvo desde un principio en contra de la propuesta. Así lo manifestó tanto en reuniones privadas como en público. Su primer pronunciamiento fue el 19 de octubre pasado ante un grupo de empresarios franceses, a quienes les dijo que el Gobierno no tenía “ninguna urgencia” en avanzar con la ley. La respuesta de De Vido fue que “el hecho de buscar consensos no significa que se dilate el tema”. El entonces presidente de la bancada oficialista de Diputados, José María Díaz Bancalari, terció en la disputa y prometió que “antes de fin de año” la ley estaría aprobada.
La decisión de apurar el envío del proyecto a la Cámara baja había sido del propio Kirchner, después de un duro enfrentamiento entre De Vido y Lavagna. El Presidente terminó la discusión entre sus ministros sobre el contenido de la norma mediante una orden al secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, a quien le dio quince días para terminar de pulir la iniciativa que durante meses había estado preparando el Ministerio de Planificación. Esa cartera había contratado a los economistas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) para que lo asesoraran, lo cual había puesto en guardia a las privatizadas y a los gobiernos de los países de las casas matrices.
A pesar de los tironeos internos, la Casa Rosada resolvió ir al frente con la ley. En cuanto la presentó, cada sector tomó posiciones. Rato dijo que “el proyecto tiene elementos que pueden ser muy negativos para atraer nuevas inversiones”. El Banco Mundial lo denostó. El presidente del Club de París, Jean Pierre Jouyet, se reunió con Lavagna para expresarle “la preocupación de mi país por la ley que podría cambiar el marco de las concesiones” y advertirle que “la confianza se gana de manera progresiva, pero se puede perder rápidamente”. El especialista de la Fundación Mediterránea, Andrés Chambouleyron, afirmó que “esta ley es innecesaria, por no decir inútil”, las privatizadas españolas y el gobierno de ese país le dijeron a De Vido en España que la ley era “inaceptable”.
El último miércoles, el día del cumpleaños del proyecto, el titular de la Comisión de Obras Públicas de Diputados, Hugo Toledo, confirmó a Página/12 que “el Gobierno nunca más se movió para que se apruebe la ley”. La iniciativa descansa en los cajones de siete comisiones del Congreso, en las que nunca se debatió ni siquiera una vez.