[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Por ejemplo, Afganistán: en ese país sometido a las potencias occidentales, Gran Bretaña castiga a los pequeños cultivadores de opio, al mismo tiempo que, desde hace dos años, lo cultiva en su propio territorio para abastecer a la industria farmacéutica. Por ejemplo, Birmania: allí todos los años se queman toneladas de opio cultivado ilegalmente, mientras los enfermos terminales no tienen acceso a opiáceos legales, que deberían ser comprados a las multinacionales farmacéuticas. Estos y otros casos citó Martin Jelsma –coordinador del Proyecto Drogas y Democracia del Transnational Institute (TNI) con sede en Holanda– para revelar, en diálogo con Página/12, el revés de la trama de la “lucha contra el narcotráfico”, en el cual unos pocos países forman el “cártel” que controla la oferta de morfina para el mercado legal. Es que el examen de las políticas sobre drogas puede arrojar luz sobre la política, a secas: así, las respectivas posiciones de Irán y de Estados Unidos acerca de la reducción de daños permiten renovar las ideas sobre de qué lado está el “fundamentalismo”. En concreto, el Proyecto Drogas y Democracia propone políticas específicas –basadas en un informe científico de la OMS cuya difusión fue impedida por Estados Unidos– para cada una de las sustancias actualmente ilegales. Jelsma –quien visitó la Argentina para participar en la II Conferencia sobre Políticas de Drogas organizada por la Asociación Intercambios– las detalla en este reportaje.
–El 2008 será un año clave para replantear las políticas mundiales sobre las drogas –dice Martin Jelsma–: vencerá el plazo para el cual, en 1998, la sesión especial de la Asamblea de la ONU estableció un plan de acción que apuntaba a la eliminación o reducción significativa de la producción y consumo de coca, adormidera (planta de la que se obtienen los opiáceos) y cannabis: está claro ya que no lo van a lograr. Entonces, será la oportunidad para revisar los convenios y proponer mejoras.
–¿Qué propuestas tiene el Proyecto Drogas y Democracia?
–Una de ellas es distinguir entre la hoja de coca y sus distintos procesamientos. Trabajamos con organizaciones de cocaleros y funcionarios de Colombia, Perú y Bolivia para que la hoja de coca sea retirada de la lista de sustancias prohibidas; actualmente está en la misma categoría que la cocaína. Hay un estudio de la OMS sobre efectos de distintas sustancias, que finalizó en 1995, en el que trabajaron 60 investigadores a lo largo de tres años y que no fue publicado por presiones de Estados Unidos: para el consumo de hoja de coca, sólo pudieron encontrar efectos beneficiosos. Esa conclusión debiera abrir al mercado productos basados en la hoja de coca: en Perú, por ejemplo, hay una gaseosa basada en la hoja de coca, pero las restricciones impiden exportarla a Europa; tampoco se puede exportar el mate de coca, de uso habitual como digestivo.
–¿Y en cuanto a otros derivados actualmente prohibidos?
–Nosotros no abogamos por la legalización total. En el peor extremo están el crack y la pasta base, que generan problemas serios para la salud: debe controlarse la distribución de estas sustancias nocivas pero sin centrar el enfoque, como hasta ahora, en la represión en términos penales. No hay absolutamente ningún caso en que los intentos de reducir la oferta, por erradicación de cultivos, incautaciones, interdicción de precursores, efectivamente hayan conducido a la escasez de la sustancia en el mercado. Proponemos en cambio aplicar las políticas de reducción de daños y de tratamientos, que han mostrado eficacia en controlar los problemas derivados del abuso. Y, desde luego, separar a las víctimas de los criminales, despenalizando la tenencia para uso personal y evitando castigar a los pequeños cultivadores.
–¿Cuál es su posición respecto al clorhidrato de cocaína?
–También implica riesgos de adicción y perjuicios para la salud. De todos modos, aquel mismo estudio de la OMS señala que las personas que entran en usos problemáticos de esta sustancia, en contraste con su uso recreativo no adictivo, constituyen una proporción relativamente baja en comparación con lo que sucede con la pasta base o el crack.
–¿Y qué proponen para la marihuana?
–La cannabis nunca debió haber sido incluida en la lista de sustancias prohibidas por la ONU: está en la categoría 4, junto con la heroína, como si fuera más peligrosa que la cocaína; todo el mundo sabe que esto es absurdo. La proporción de uso problemático de cannabis es muy pequeña. Más de cien millones de personas en el mundo la usan habitualmente y erradicar su producción es prácticamente imposible, porque se la cultiva en todo el planeta: en la última década, Estados Unidos sustituyó casi totalmente la importación por producción local; en Canadá, la producción local sobrepasa la demanda; también en Holanda, que es ahora país exportador. Y su uso recreativo trae muy pocos problemas, probablemente menos que el tabaco y el alcohol: lo mejor es legalizarla y ponerla en el contexto de otras drogas lícitas que deben ser controladas de alguna forma, pero sin acudir para ello al derecho penal.
–Sería el caso del alcohol.
–Sí. Y muy especialmente el del tabaco. Nosotros acordamos totalmente con los criterios de la OMS en cuanto a prohibir la publicidad y el consumo de tabaco fumado en lugares públicos: sin prohibir la sustancia pero procurando restringir al máximo su consumo. El tabaco es la droga que genera más muertes en el mundo. En segundo lugar está el alcohol. Tercero, el abuso de drogas farmacéuticas legales. Sólo en cuarto lugar se ubican las drogas ilegales en conjunto.
–¿Qué sucede con los opiáceos?
–En Birmania, todos los años, en el Día Mundial contra la Droga, el gobierno militar que allí rige destruye todo el opio, morfina o heroína incautados durante el año. Son toneladas; ese país es uno de los principales productores. Al mismo tiempo, en los hospitales de Birmania miles de personas mueren de enfermedades graves y dolorosas sin el alivio posibilitado por el uso medicinal de los opiáceos. Mientras la producción local de opio es vista como algo malo, que hay que destruir, no hay fondos para pagar los altos precios que la industria farmacéutica internacional cobra por los opiáceos. El opio puede convertirse en morfina de buena calidad sin necesidad de métodos muy sofisticados, y esto es lo que empezó a hacer Irán, que es país de tránsito de opiáceos ilegales desde Afganistán a Turquía y Europa: los iraníes confiscan doscientas toneladas por año pero, en vez de destruirlas, la industria farmacéutica local las convierte en morfina y codeína que exporta legalmente al mercado internacional.
–¿Cómo funciona el mercado internacional de opiáceos lícitos?
–Está en manos de un grupo muy reducido, casi un cártel de países productores, que siguen las estrictas reglas de control fijadas por la JIFE (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes). El primer productor es Australia, que en los últimos cinco años triplicó su producción: ya es mayor que la ilícita de Birmania. Otros son Francia, España, la India, Turquía: todos ellos quieren proteger su posición de privilegio y siempre están en contra de que se otorguen licencias a otros países. En Afganistán, donde las potencias occidentales se han repartido el manejo del país, Gran Bretaña está a cargo del control de drogas, y presiona para erradicar el cultivo de adormidera: al mismo tiempo, desde hace dos años Gran Bretaña cultiva adormidera para su industria farmacéutica: ¿por qué no se la compra a los campesinos afganos?
–¿Por qué no se permite que Birmania produzca para el mercado lícito?
–El mes pasado viajamos a ese país para tratar de que posterguen la prohibición total del cultivo de adormidera en la principal región productora, porque se trata del único medio de subsistencia de centenares de miles de campesinos: el Programa Mundial de Alimentos de la ONU ya prepara un plan de emergencia porque se prevé que muchos de ellos morirán de hambre el año que viene. Una opción sería dar a las autoridades locales permiso para comprar opio a los campesinos, bajo control de la JIFE, y venderlo a la industria farmacéutica, pero el gobierno militar de ese país se negó.
–¿Cuál es la situación actual en el mundo en materia de reducción de daños?
–En marzo de este año, en la última reunión para impartir directivas a la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (ONUDD), por segunda vez los países de América latina se unieron para apoyar un proyecto de Brasil en favor de las políticas de reducción de daños, el intercambio de jeringas y el derecho a la salud para usuarios de drogas. Y este año, por primera vez, la mayoría de los países asiáticos se pronunciaron en favor de estas políticas, incluida China, que siempre había estado en contra. El cambio de paradigma se debe al reconocimiento de la amenaza de la epidemia de VIH, que en unos pocos años puede llegar más allá del punto en que sea posible detenerla. Especialmente, Irán está en una posición de avanzada, con programas de intercambios de jeringas en las cárceles que pocos países en el mundo han desarrollado. Pero, lamentablemente, Estados Unidos terminó por impedir que la ONUDD se pronunciara a favor de estas políticas.
–¿Cómo pudo Estados Unidos torcer una voluntad tan mayoritaria?
–Mediante la amenaza de cortar el suministro de fondos: ONUDD no tiene fondos generales de la ONU y depende de contribuyentes voluntarios, de los cuales el principal es Estados Unidos. En noviembre de 2004, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos Internacionales de Narcóticos, Robert Charles, se había reunido con Antonio María Costa, director de la ONUDD, para exigirle que suprimiera todo apoyo a programas de reducción de daño, especialmente intercambio de jeringas, bajo amenaza explícita de cortarle los fondos. Entonces, Costa cedió a esa extorsión y, después, en marzo, con apoyo parcial de Rusia, Malasia y Japón, Estados Unidos negó el consenso necesario para apoyar el proyecto de Brasil.