ECONOMíA › DESAZON ENTRE LAS PRIVATIZADAS POR LA PERDIDA DE UN ALIADO
Tarifas y FMI, una alianza del pasado
La cancelación de la deuda con el Fondo significa que las privatizadas perdieron su principal negociador. Los aumentos de tarifas deberán esperar al menos hasta fines de 2006.
La esperanza de muchas firmas privatizadas de que, pasadas las elecciones, llegaría el tiempo de los aumentos de tarifas parece haber quedado desdibujada. El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, sostuvo ayer que no habrá cambios en las políticas de renegociación de contratos. La declaración no es neutra, surge luego de que el Poder Ejecutivo eleve al Congreso una ley que prorroga hasta fines de 2006 el plazo para completar la renegociación de contratos, iniciativa que se suma al nuevo dato central: con el pago del total de la deuda al FMI las privatizadas perdieron uno de sus principales instrumentos de presión.
Probablemente una de las injerencias en la política interna más irritantes del FMI haya sido su continuo lobby en favor de las privatizadas prestadoras de servicios públicos. La desaparición de esta injerencia, uno de los aspectos menos citados al momento de destacar los pros y los contras de cancelar la deuda con el Fondo, será sin embargo la que tendrá efectos más inmediatos y palpables para la mayoría de la población.
“No voy a ocultar que cada vez que los negociadores del Fondo venían a hablar conmigo, una de las preguntas era cuándo se producían los ajustes tarifarios”, declaró ayer De Vido tras participar de un acto en San Fernando junto al presidente Néstor Kirchner (ver pág. 4). “De la política tarifaria del gobierno de Kirchner no esperen políticas distintas. Si en dos años y medio no se han cambiado, no vemos por qué las vamos a cambiar ahora”, agregó el ministro.
A la nueva legislación enviada al Congreso para modificar el artículo 9 de la Ley de Emergencia Económica para prorrogar los plazos de la renegociación de contratos, prórroga que será tratada en Diputados este miércoles, se suman también algunos datos de la coyuntura. Que la inflación no termine 2005 muy por arriba del 12 por ciento responderá en buena medida al congelamiento relativo de las tarifas de servicios públicos, pues los ajustes concedidos en algunos sectores mayoristas no llegaron todavía a las tarifas que los consumidores pagan directamente, por ejemplo a telefónicas, eléctricas y gasíferas. Más allá de lo que pueda suceder cuando efectivamente estos contratos se renegocien, el Gobierno logró hasta ahora que los costos minoristas de los servicios funcionen como un ancla a la inflación. Los hechos de los últimos días indican que esta política continuará, más cuando la inflación se convirtió en el eje de la agenda de política económica y las empresas se quedaron sin su principal lobbista.
Nunca escapó a los observadores que el FMI es conducido de hecho por el Grupo de los 7 países más ricos y que el grueso de las privatizadas locales tiene sus casas matrices precisamente en estos países. Perdida la necesidad de sujetar la política interna a las demandas del Fondo, los reclamos tarifarios podrán ser en adelante parte de las relaciones bilaterales, pero la justificación de “el Fondo lo pide” quedó desterrada.
“Evidentemente va a haber menos personas que piden” modificaciones y menos reclamos de “grupos de interés ligados que vengan a pretender una determinada política en materia de servicios públicos, que no está limitado sólo al tema tarifario”, argumentó también De Vido.
Las empresas siguen amenazando veladamente con un colapso en los servicios como consecuencia de la falta de inversión en infraestructura, un “inevitable” subproducto de los menores ingresos tarifarios, pero, según De Vido, ello contrasta con los números que arrojan los balances. “Algunos se ofenden o se rasgan las vestiduras, pero cuando veo los balances de las empresas, que son públicos, los resultados son buenos”, detalló el ministro.
Hasta ahora, el Gobierno sólo completó menos del 10 por ciento de las renegociaciones de los más de 50 contratos. Se concedieron aumentos que deben pagar medianos y grandes usuarios de algunas de las firmas eléctricas, pero aún resta definir la situación de gasíferas y telefónicas. Estas últimas son las que menos avances registraron, ya que no consiguieron ni actas de entendimiento, ni pasaron por audiencias públicas, trámite que sí completaron gasíferas y eléctricas. La falta de resultados también alcanza a Hidrovía y Aeropuertos Argentina 2000. La situación de trenes y firmas viales muestra distintos grados de avance.