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“Que alguien por favor me explique qué quiere ese hombre”, habría exclamado Eduardo Duhalde en alusión a Roberto Lavagna durante la audiencia en la Rosada a la que acudió ayer por la mañana Mario Blejer para contarle cómo le había ido en Washington, de donde había retornado anteayer. El retórico pedido presidencial se refería a la oposición del ministro de Economía al paraguas legal que pide el Banco Central para sus decisiones, pretendiendo que éstas no sean reexaminadas por la Justicia, salvo en casos de manifiesta ilegitimidad o arbitrariedad. De hecho, más allá de lo que unos y otros realmente piensen, la cuestión de la inmunidad es utilizada como un proyectil más en las escaramuzas que vienen librándose entre Economía y el instituto emisor. Así como Blejer y su vice, Aldo Pignanelli, buscaron ayer el respaldo de Duhalde –y, según ellos, lo obtuvieron–, un día antes Lavagna cosechó aplausos del bloque justicialista de Diputados cuando afirmó que no habría inmunidad para la cúpula del BCRA. “Con eso embarró la cancha”, dicen en el Central, en el sentido de que el ministro le complicó al Presidente la adopción de una posición favorable a Blejer, compartida sólo por algunos legisladores peronistas, como Rodolfo Frigeri. Duhalde no la tiene fácil: no puede prescindir ni de Lavagna ni de Blejer. Lo único que puede hacer entonces es darle la razón a cada uno, y que diriman como puedan sus conflictos.
Para algunos expertos ajenos a este litigio, toda la discusión es bastante inútil, teniendo en cuenta qué Justicia hay en la Argentina. Esas fuentes explican que ninguna ley que declare no judiciables los actos del BCRA podrá dejar de exceptuar los casos en que haya dolo u otra figura penal. Esto le permitirá al juez y al fiscal que se propongan perseguir a uno o más directores encontrar indicios de dolo y, fundándose en ello, indagarlos y luego procesarlos. De hecho, el verdadero castigo judicial para las cúpulas centralistas es el procesamiento, con trámites que suelen durar años y acarrear los consiguientes costos. La sanción empieza y termina allí: nadie recuerda una condena.
En todos los casos, la jurisprudencia recoge pronunciamientos a nivel de Cámara o de Corte Suprema declarando no judiciables las decisiones administrativas, que son por naturaleza discrecionales. Esto significa que el mérito, la oportunidad y la conveniencia de una medida son de exclusiva competencia de las autoridades del Banco Central. En síntesis, aunque nunca rigió una ley de no justiciabilidad de los actos del BCRA, siempre estuvo vigente en la jurisprudencia. Esa doctrina no implica obviamente que los tribunales considerasen razonables o no las decisiones.
Ahora bien: si la jurisprudencia suscribe la no judiciabilidad, ¿para qué reclamar que sea consagrada por ley? La intención de obtener una norma sancionada por el Parlamento es conseguir que los jueces y los fiscales desistan de abrir e impulsar causas contra autoridades del Central, aceptando de antemano que las cuestiones que han sido materia de decisiones administrativas no deben ser reeditadas en sede judicial. En otras palabras: que jueces y fiscales tengan bien presente esta doctrina, y que este hecho reduzca el miedo que sienten quienes deben tomar decisiones en la sede del órgano monetario.
De todas maneras, a los abogados del BCRA no les convence que se utilice la expresión “no judiciabilidad” porque la ley que pretenden no colocaría la conducta de los directorios totalmente fuera de la Justicia, ya que, por lo menos, un fiscal debería pronunciarse sobre la presunta existencia de dolo o manifiesta arbitrariedad en algún acto denunciado para decidir si impulsa la causa. Esto significa que las denuncias contra responsables del Central –sea por decisiones de superintendencia, cambiarias o monetarias–, incluso con un blindaje legal serían admitidas.
Lo que no puede evitarse en la Argentina es que se sospeche que la protección exigida por Blejer para él y sus colaboradores pueda desvirtuarse y termine amparando actos de corrupción. Por esta razón, la sanción de una sombrilla legal tendría un alto costo político: el públicoleería impunidad donde dijese inmunidad. Pero también lo opuesto es cierto: como se señaló arriba, cualquier puerta que entreabra la ley para que la Justicia pueda procesar a los directores podrá dar lugar a abusos judiciales.
Los masivos redescuentos que otorgó en los últimos meses el BCRA son un ejemplo típico de la clase de cuestiones que podrían ser cuestionadas ante los estrados. Salvo que se tratase de decisiones ilegítimas (si rigiera una ley que prohibiese al organismo asistir a los bancos), la razonabilidad de los fondos acordados, y las eventuales pérdidas causadas al Estado, no podrían ser evaluadas por ningún juez. Este podría establecer el costo de la decisión de auxiliar a un banco, ¿pero cómo estimar cuánto hubiese costado la caída de esa entidad?
El argumento anti-inmunidad, según el cual nadie en el poder la tiene, es rechazado como “ridículo” en el Central. “A Cavallo no lo podían meter preso mientras fuese ministro, y tampoco al juez que mató a la hija mientras no lo destituyesen. ¿De qué igualdad habla Lavagna?”, preguntan.