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“Acá lo que está en juego es que parece que se pagaron coimas.” Esa es la sospecha que reina en el juzgado de Mariano Bergés, quien ayer ordenó la indagatoria de un juez del Chaco y la detención de uno de sus secretarios, dos abogados de esa provincia, otro de Santiago del Estero y una abogada de Capital Federal, por maniobras espurias para la concesión de medidas cautelares en causas millonarias del corralito. Se les imputa asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias. Serían eslabones de un sistema que facilitaba la obtención de fallos de la Justicia chaqueña para retirar depósitos en cualquier otro punto del país.
El expediente que instruye Bergés empezó con la denuncia de un ahorrista cordobés, el médico Carlos Augusto Curet, quien se quejó porque a pesar de haber obtenido medidas cautelares favorables para retirar su dinero, el banco HSBC no se lo devolvía. Pero la investigación avanzó y empezó a volverse sorpresivamente en su propia contra a partir de que el fiscal Marcelo Roma pidió que se analizara la posible existencia de delitos.
Aunque sus ahorros estaban en Córdoba, Curet había iniciado cinco acciones distintas en el Chaco, algunas a su nombre y otras de la empresa de seguros Caruso, cuyo directorio integra. En total “el reclamo sumaba cerca de 8 millones de dólares”, informaron a Página/12 allegados a la pesquisa, y el hombre quería retirarlos en Capital Federal. El abogado que lo acompañó hasta la provincia del Norte fue su primo Alfonso Curet, que es santiagueño, pero también intervinieron un estudio de la localidad chaqueña de Roque Sáenz Peña y una abogada porteña, Rosana Batista.
Fueron dos jueces de Sáenz Peña, Daniel Freytes y Daniel Fernández Asselle, y la jueza de Charata Estela Amelia Ponce, los que firmaron fallos a favor de los Curet. Son los mismos tres magistrados que fueron suspendidos por el Superior Tribunal del Chaco el 4 de junio último y enviados a juicio político precisamente por irregularidades en causas del corralito.
“Al principio parecía un caso como otros de desobediencia de los bancos. Pero nos resultó extraño que la orden para ejecutar la medida llegara directamente desde el Chaco, desde un lugar como Sáenz Peña, y sin pasar por un juez porteño. Evidentemente era un servicio que se ofrecía, por eso creímos conveniente ver qué pasaba”, explicaron en la fiscalía. “La investigación de la Corte chaqueña fue muy esclarecedora”, añadieron.
El juez Bergés cuenta con serios indicios de que los expedientes no sólo se habrían manejado con total arbitrariedad sino que habrían mediado sobornos en un sistema orquestado con participación de estudios jurídicos. Por eso decidió ordenar las detenciones del letrado Curet, los abogados chaqueños Aldo Javier Cabaña y Oscar Olivieri –este último es el presidente del Colegio de Abogados de Sáenz Peña–, la abogada Batista y el secretario del juzgado de Freytes, Orlando Geraldi. En cuanto al propio Freytes, Bergés lo citó a indagatoria para el 21 junio pero no lo puede detener porque aún tiene fueros y está en pleno proceso de enjuiciamiento.
Al médico Curet por ahora sólo se le tomó declaración testimonial. “Todavía no se ha podido determinar si él tenía conocimiento de los manejos de los juzgados y los abogados”, explicó un funcionario de la causa. Hasta ahora lo que contó el denunciante es que su primo le dijo que en Córdoba “la mano estaba dura” para litigar y le aconsejó recurrir al Chaco. En el HSBC de Capital le habrían dicho que no podían darle la plata por no cumplir con los pasos exigidos. Según pudo saber este diario por fuentes judiciales, en realidad en febrero Curet había iniciado acciones para recuperar 17 mil dólares ante le juzgado cordobés de Ricardo Bustos Fierro pero no tuvo mucha suerte, sólo le dejó sacar la mitad.
El Superior Tribunal del Chaco analizó causas en las que fueron beneficiados ahorristas de Capital, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Salta y Entre Ríos, que reclamaban hasta 3 millones de dólares de una sola cuenta. Las irregularidades fueron detectadas en 850 expedientes, de los cuales aún los supremos tienen pendiente analizar la mitad. Además de los tres jueces suspendidos, están en la mira los magistrados Héctor Osiska y Juan Zaloff Dakoff, también de Sáenz Peña.
Bergés posiblemente avance sobre los otros dos juzgados que favorecieron a Curet, pero también está reconstruyendo una cadena que involucraría “a grandes estudios jurídicos de Capital Federal”. En esta historia parece que pocos se salvan. Para efectuar los allanamientos necesarios en el Chaco, Bergés le tuvo que pedir colaboración al juez federal Carlos Skidelsky quien, sin embargo, también es investigado por el Consejo de la Magistratura nacional por las causas del corralito. Skidelsky no se mostró muy cuidadoso en su colaboración: en vez de allanar el estudio del abogado Cabaña, hizo el procedimiento “accidentalmente” en la casa, donde documentación difícilmente sería lo que encontraría.