La fiscalía federal a cargo de uno de los dos juicios que las asociaciones de usuarios iniciaron contra Aguas Argentinas rechazó ayer los términos de un acuerdo propuesto por la empresa para resarcir a los clientes afectados por la baja de presión. La demanda contra la privatizada entraña un reclamo que, en enero del 2003, ya sumaba 408 millones de pesos y podría representar un escollo adicional en el proceso de negociación para la retirada de Suez y Aguas de Barcelona, principales accionistas.

El reclamo fue iniciado por un particular y respaldado luego por seis asociaciones de consumidores, que imputaron a la empresa no cumplir con la condición contractual de suministrar el servicio con una presión equivalente a “diez metros de columna”, impulso suficiente para llenar los tanques y garantizar que el fluido llegará a todos los rincones.

Según destaca la Unión de Usuarios y Consumidores, una de las demandantes en este pleito, durante el primer quinquenio de la concesión la privatizada no habría hecho las obras necesarias para asegurar la prestación en aquellas condiciones y por esto la resolución 29 del año 1999 le exigió aplicar un descuento sobre los usuarios afectados. La discusión de quienes integran este universo de usuarios fue desde entonces el principal obstáculo para solucionar el tema.

Aguas intentó llegar a un acuerdo que abortara el juicio, pero sobre la base de que los clientes afectados por la baja presión son menores a los que identificaron las asociaciones de usuarios. Sobre la base empresaria, el resarcimiento adeudado importaría un total de 50 millones, bastante menos que los más de 400 calculados en su momento por el órgano regulador.

La novedad de la víspera es que la fiscalía del juzgado en el que se tramita este juicio desechó la posibilidad de admitir un acuerdo en los términos propuestos por la compañía, que sí tendría el aval de otras entidades defensoras de los usuarios. Ese pronunciamiento, mientras se espera el dictamen de primera instancia, hace suponer a los promotores de la causa que ésta prosperará, habilitando la posibilidad de discutir a quién se afectó y a quién no.

Hay otra demanda de entidades de usuarios contra la sociedad que comandan los franceses y españoles, y a la que intentaría integrarse Eduardo Eurnekian, aunque en las gestiones aparecieron trabas que haría naufragar ese desembarco. En este caso es porque no se respetó la obligación de que los usuarios no residenciales pudieran optar por la colocación del medidor, en lugar de la tradicional facturación por superficie. Por esta falta, el Ente Nacional Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (Etoss) estimó que habría una devolución pendiente superior a los 900 millones de pesos. La suerte de estas demandas es realmente incierta, pero su existencia no puede omitirse a la hora de hacer números con un potencial nuevo inversor, algo que se está buscando para habilitar en términos no belicosos la partida de los franceses y españoles.