El 14 y 15 de marzo la Comisión Permanente del Episcopado argentino, el segundo organismo en importancia después de la asamblea plenaria, celebrará su primera reunión del año. Allí estarán sentados los arzobispos y obispos que más pesan dentro de la jerarquía católica, presididos por el cardenal Jorge Mario Bergoglio. Los obispos católicos tienen una agenda que le quita el sueño a más de uno de los 88 prelados que hoy tienen funciones efectivas dentro de la jerarquía. Y en ese marco resuenan las acusaciones del obispo emérito de Zárate-Campana, monseñor Rafael Rey, quien el mismo día que abandonó su cargo, el sábado pasado, afirmó que había sido presionado para renunciar por sectores del menemismo residual de dentro y fuera de la Iglesia. Las declaraciones de Rey se suman a las indisimulables dificultades internas que se vienen planteando en torno de la designación de obispos, discrepancias con el Vaticano e interferencias políticas, la necesidad de encontrar canales de diálogo con el gobierno del presidente Néstor Kirchner, la búsqueda del reemplazo para el obispo castrense Antonio Baseo- tto, hasta otras cuestiones de índole más interna y pastoral, aunque no menos preocupantes, como pueden ser la pérdida de incidencia del catolicismo en la sociedad argentina y la falta de un laicado católico con papel protagónico en la Iglesia y fuera de ella.

Oficialmente, Rey renunció “por razones de salud” dos años antes de cumplir los 75 estipulados para el retiro de los obispos. Pero ahora, el obispo que fue presidente de Cáritas entre 1994 y 1997 y que desde ese lugar sostuvo fuertes batallas con el menemismo gobernante, recordó que Carlos Corach, ex ministro del Interior, le ofreció en su momento una importante suma de dinero después de que Caselli lo llamara para anticiparle la comunicación del funcionario. Rey sostiene que renunció porque enfrentó “grandes dificultades”, “agravios y calumnias” con “gobernantes y políticos que no me han perdonado que yo haya criticado tan fuertemente al gobierno de entonces”. El ahora obispo emérito de Zárate-Campana dijo que “también hubo personas dentro de la Iglesia que vivieron oponiéndose” a su accionar.

Este cuadro de situación resulta especialmente preocupante cuando se esperan nombramientos en por lo menos ocho sedes episcopales en los próximos meses. Algunas de esas diócesis son particularmente sensibles, aunque no sean de gran importancia. Es el caso de Santiago del Estero, donde habrá que suceder al renunciante Juan Carlos Maccarone, y La Rioja, donde se espera que el nuevo obispo dé un impulso definitivo al proceso de canonización del asesinado obispo Enrique Angelelli. Pero seguramente lo más crítico es la designación del obispo castrense que reemplace a Antonio Baseotto. El castrense se niega a renunciar, a pesar de haber recibido muchas insinuaciones de sus pares en ese sentido. Se sabe sostenido por Roma y por los más conservadores del Episcopado, encabezados por el arzobispo de La Plata, Héctor Aguer. Por eso resiste. Y los obispos argentinos se sienten atrapados entre la presión del Gobierno –que amenaza con denunciar el acuerdo internacional con el Vaticano– y la Santa Sede, que hace oídos sordos a lo que se aconseja desde Buenos Aires. Algunos obispos temen que el Gobierno pierda la paciencia y tome una determinación que los obligue a reaccionar institucionalmente en respaldo de Baseo-tto. No quieren ese escenario. El obispo castrense juega con esto mientras arenga a algunos militares y a los más de 120 capellanes uniformados diciéndoles prácticamente que la intención de Kirchner es no permitirles a los sacerdotes pisar más los cuarteles.

Más allá de los desmentidos públicos y de las actitudes corporativas propias de la jerarquía para negar diferencias con Roma o entre los miembros de la cúpula eclesiástica, existe verdadero malestar en la conducción de la Iglesia Católica por la forma como se están produciendo los nombramientos episcopales. En diálogos siempre reservados, la gran mayoría de los obispos se queja de que el Vaticano no respeta los criterios y las propuestas surgidas desde Argentina, y por tanto los nombramientos episcopales favorecen mayoritariamente a los candidatos con perfiles más conservadores. De ello responsabilizan directamente al cardenal Angelo Sodano –segundo en la jerarquía vaticana–, al sustituto de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, el arzobispo argentino Leonardo Sandri –virtual tercero en el poder romano–, y a las interferencias de Esteban Caselli, ex embajador en el Vaticano y secretario de Culto durante el gobierno de Carlos Menem. Las propias fuentes eclesiásticas no dejan fuera de esta trama de confabulaciones al arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, quizás el más emblemático de los obispos conservadores y que mantiene una militante actitud de recorrer los pasillos de las oficinas vaticanas para presionar, denunciar a sus adversarios y proponer a sus amigos para los cargos más importantes. Aguer es muy cercano a Sandri y a Caselli y también tiene otros oídos que lo escuchan en Roma, donde son mejor recibidos los aires conservadores antes que cualquier brisa de renovación.

Entre los temas de la agenda episcopal también se encuentra pendiente el restablecimiento de un canal fluido de diálogo entre Kirchner y el cardenal Bergoglio en su condición de presidente del Episcopado. La mayoría de los obispos –y no pocos en la Casa Rosada– quieren que esta situación se destrabe cuanto antes. En la Iglesia se señala que las relaciones con el Gobierno son excelentes en otros niveles y se destaca en particular la colaboración que existe en materia social. Cáritas, que ahora preside el obispo Fernando Bargalló, acaba de sacar un comunicado respaldando los cambios recientemente introducidos en los planes sociales. Es un gesto que se leyó positivamente en los ámbitos oficiales.

Pero no son estos los únicos temas de preocupación en la agenda episcopal. Aunque por el momento no agitarán el tema, siguen atentos al debate sobre la legalización del aborto y acaban de sacar un documento sobre la educación sexual en las escuelas. En lo más interno, está siempre presente la preocupación por retomar mayores grados de incidencia de la Iglesia en la sociedad. Y en esto se persiste en una contradicción: mientras se declara que esta es una tarea del laicado católico a nivel institucional, se siguen imponiendo lógicas y mecanismos clericalistas que limitan y condicionan el protagonismo de los laicos.