La cruzada contra la evasión de Santiago Montoya, el polémico subsecretario de Ingresos Públicos de la provincia de Buenos Aires, sufrió ayer otro revés judicial. El juez marplatense Enrique Arbizu dispuso la suspensión, en todo el territorio bonaerense, de la norma que faculta a Rentas a embargar o secuestrar, sin autorización judicial, bienes por deudas fiscales. Sin embargo, Montoya ratificó que continuará con la política de incautación de vehículos de lujo con grandes deudas por patentes impagas. Y recibió el respaldo político del gobernador Felipe Solá y de los principales dirigentes de la Legislatura provincial.

El abogado marplatense Gustavo Demarchi, apoderado legal de la Asociación de Defensa del Contribuyente (Adecon), explicó que esa entidad presentó un recurso de amparo contra la ley 13.405 (la llamada ley de “superpoderes”), que modificó a fines del año pasado el Código Fiscal provincial, por considerarla inconstitucional. En la presentación del amparo, Adecon argumentó que “la ley 13.405 modifica el Código Fiscal con el artículo 13 bis que concede a la Dirección Provincial de Rentas, es decir al Ejecutivo de la provincia, facultades que consideramos que son propias del Poder Judicial”. “Para nosotros, hay una invasión de la esfera judicial por parte del poder administrativo, ya que (la norma) le da posibilidades de embargar, de secuestrar, de inhibir, de intervenir la caja, que son todas afectaciones de la propiedad privada”, dijo Demarchi. El letrado remarcó que “de acuerdo a la Constitución, tanto nacional como provincial, la propiedad privada no puede ser afectada si no es mediante una sentencia judicial”.

El juez Arbizu no resolvió todavía la cuestión de fondo del amparo, que considera a la norma inconstitucional, pero sí dispuso “una medida innovativa, que suspende la ejecución de la ley en toda la provincia”.

Según Demarchi, a partir de que se notifique a la Dirección de Rentas del fallo, cosa que ocurriría hoy, debería suspenderse la aplicación de la ley en toda la provincia de Buenos Aires.

Este es el segundo traspié judicial de Montoya. El primero se lo propinó la jueza Ana Logar, quien ordenó a Rentas devolver la camioneta Mercedes Benz secuestrada por el organismo la semana pasada.

Al respecto, Solá salió a respaldar a Montoya y confirmó que la provincia apelará los fallos judiciales en contra. El fallo de la jueza Logar “es un gravísimo error”, aseguró el gobernador. “Seguramente la jueza que, sin abrir juicio sobre la cuestión de fondo, restituyó la camioneta a su dueño, está entre ese tipo de jueces que cree que diciéndole no al Estado van a ser más famosos”, agregó.

Consultado sobre si las leyes impositivas aprobadas avanzan sobre otros poderes –como sostiene el Colegio de Abogados provincial– Solá ironizó: “Sí, claro que avanza sobre el poder, tienen razón, sobre el poder de los más ricos que durante muchísimos años se rieron de la incapacidad del Estado para hacer valer sus derechos, ahora se están riendo un poco menos”, sentenció.

Por otro lado, Montoya fue recibido por el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Ismael Passaglia, y por el bloque de legisladores del Frente para la Victoria, quienes brindaron un aval explícito a la gestión del recaudador. Según contó Montoya, de los 34 vehículos de lujo en condiciones de ser secuestrados por Rentas, 12 propietarios ya optaron por cancelar su deuda, “lo que indica que estaban en condiciones de hacerlo y sólo ante la posibilidad de la incautación, decidieron pagar”.