El ministro Julio De Vido viajará en las próximas horas a La Paz junto a sus más cercanos colaboradores para avanzar en las negociaciones sobre la importación de gas desde el país vecino. Para asegurarse en el corto plazo la provisión que Argentina necesita si quiere evitar una crisis por falta de ese combustible, la administración kirchnerista estaría dispuesta a satisfacer la aspiración de Evo Morales, que pretende llevar el precio actual a más de 5 dólares el millón de BTU. Pero mantener ese valor en el mediano plazo resultaría insostenible por varias atendibles razones.

La discusión entre las naciones es previa, y en gran medida independiente de la política de nacionalización que encaró el gobierno boliviano, con el que se estaba analizando cuánto comprar y a qué valor antes del polémico decreto de Morales. La Argentina firmó a fines de 2004 un contrato de compra por 1,60 dólares aquella unidad térmica, que en virtud de los ajustes semestrales llegó hoy a los 3,18, número en revisión.

El límite argentino para retacear un reajuste es la necesidad del carburante boliviano. Según cálculos del Instituto de la Energía, hoy ya existe un faltante de gas de 20 millones de metros cúbicos/día, que en parte se subsana importando algo más de 5 millones desde Bolivia, amén de recortes en las exportaciones y el reemplazo por el caro fuel oil.

Pero por la mengua de reservas locales y la creciente demanda, aquella necesidad será aún mayor en un par de años. A menos que medie un hallazgo extraordinario de nuevas y abundantes reservas, para entonces la Argentina debería cuadruplicar la cantidad de gas que importa. Y aquí aparece un tope a la generosidad argentina, hoy fundada en la doble necesidad del Gobierno de asegurarse la provisión y no enrarecer el clima político regional confrontando duramente con Bolivia.

Si se accediera a fijar como nuevo piso los 5,5 dólares que aspira a cobrar el país vecino, se estaría estimulando el afán de los productores locales a acercar su propio precio a ése y para todos los segmentos de la demanda. Aunque con diferencias según las empresas, el conjunto de las petroleras hoy vende a precio libre sólo un tercio del gas que produce y ni siquiera esta porción alcanza aquel valor. En definitiva, se podría estimular una suba del precio interno del fluido para todos, incluidos los residenciales.

La otra gran paradoja es que a aquel precio podría perder viabilidad el gasoducto del Nordeste, que hace dos años estaba dispuesto a construir Techint y que ahora el Gobierno quiere reflotar con un esquema de financiamiento aún no precisado. Ese ducto es imprescindible para poder traer más gas desde Bolivia y distribuirlo por el desabastecido Litoral. Pero el grupo de los Rocca ya le hizo saber a Planificación que convalidar un precio por encima de los 5 dólares haría poco factible la obra presupuestada en más de 1000 millones de dólares.

Otro límite a la buena disposición local es que, salvando las dificultades del caso, la Argentina puede ir migrando hacia otros combustibles alternativos. Al precio internacional actual, el carbón hoy tiene un costo equivalente a los 4 dólares el millón de BTU, es fácil de conseguir en el mundo y su precio, más estable. Construir una generadora de electricidad con este combustible, por ejemplo, resulta bastante más caro. Pero alimentarla es más barato. Esta realidad marcaría de algún modo un límite para pagar el gas boliviano.

La negociación argentina está emparentada con la de Brasil, que, amén de los cambios patrimoniales de la filial boliviana de Petrobras, necesita los casi 30 millones de metros cúbicos/día que importa desde el país de Evo a casi 3,70 dólares el millón de BTU, reajustable según una canasta de líquidos. Tampoco acá Bolivia querrá perder un negocio que sólo por la venta a los brasileños le reportó 1400 millones de dólares el año pasado.