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La pelea con las privatizadas es tan feroz como con los bancos y las petroleras, sólo que el Gobierno resolvió orientar su artillería primero hacia estos últimos frentes y retrasar por unos días la disputa con las primeras. A Eduardo Duhalde le dicen que no debe ceder –al menos, más allá de lo socialmente tolerable– en la puja con bancos y petroleras, porque cuando llegue el turno de sentarse a discutir la letra chica de los nuevos contratos con las privatizadas no tendrá posibilidad de defenderse. “Si aflojamos ahora, estos tipos nos matan”, dijo, más llanamente, un miembro del equipo económico. El reclamo de mínima de las prestadoras de servicios públicos es que se diseñen mecanismos de indexación de tarifas que les permitan mantener medianamente estables sus ingresos en dólares. Es decir, trasladar el impacto de la devaluación a los usuarios. Y el planteo de máxima es forzar la dolarización.
El Gobierno, como en el resto de las negociaciones con el poder económico, tratará de avanzar a los empujones, cediendo algo y conservando otro poco. Es consciente de que su poder de negociación radica en la amenaza de las cacerolas. Entre los ganadores del modelo de los ‘90 existe cuanto menos la inquietud de que sean identificados como “el enemigo” por la sociedad, y la furia se dirija hacia ellos. Pero en la Casa Rosada comprenden que por ahora las manifestaciones tuvieron como blancos principales a gobiernos, y que la historia podría repetirse.
Las declaraciones de Carlos Menem calificando a su ex vicepresidente como “inepto” y a las medidas económicas como “pésimas” no son ajenas a este juego de presiones (ver página 7). Es sabido que el riojano es el lobbista número uno de la dolarización, alternativa que las privatizadas preferirían sobre cualquier otra. Pero para avanzar con esa política, primero habría que desplazar al Gobierno. En el Ejecutivo, algunos creen ver en las palabras de Menem un intento por desestabilizar al Gobierno, para que una nueva administración –y allí especulan con la de De la Sota– concrete el proyecto dolarizador.
En tren de hacer especulaciones políticas, en filas duhaldistas afirman que el gobernador cordobés apurará los tiempos de una pelea con el Gobierno porque su situación en la provincia que gobierna no sería nada cómoda. Algunas encuestas muestran que su imagen y la del intendente de Córdoba, Germán Kammerath, caen estrepitosamente. La conclusión es que De la Sota querría abandonar cuanto antes la provincia, tal como Carlos Ruckauf hizo con la suya.
“Técnicamente, el proyecto de la dolarización es un sinsentido. Me parece que las privatizadas lo usan más como un elemento de presión que como una opción concreta”, opinó un reputado consultor de la City en diálogo con Página/12. “Es un plan violentamente recesivo y no es lo que el FMI propone. Tal vez en una situación caótica la sociedad podría tolerarlo, pero cuando en pocos meses vea sus efectos, ese plan también estalla”, agregó. Por lo pronto, las privatizadas se sentarán a negociar con el Gobierno con la premisa de obtener aumentos de tarifas que licuen sus pérdidas de ingresos en dólares. Hasta ahora hubo una reunión formal con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y múltiples contactos informales. Pero para entrar de lleno en ese capítulo, el Gobierno se tomará unos días, mientras procura resolver las cuestiones más urgentes, como las disputas con bancos y petroleras.
Mientras tanto, los gobiernos de España –a la cabeza–, Estados Unidos, Francia e Italia presionan para defender los intereses de sus empresas en Argentina. Más amigables y diplomáticas, algunas empresas de capitales extranjeros dicen apoyar al Gobierno, como hicieron ayer las casas matrices de los bancos Río y BBVA Francés, para que frente a la sociedad todo parezca civilizado.