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Por mucho que preocupe a Eduardo Duhalde un cacerolazo, el Presupuesto del año en curso incluirá un recorte de gastos de 8000 millones de pesos, imposible de ejecutar sin vulnerar intereses de empleados y proveedores. Claro que si la recaudación siguiera la tendencia que manifestó en diciembre, con un retroceso del 28 por ciento, la magnitud podría ser aún mayor. Entre las principales víctimas de la guadaña duhaldista están los contratos con distintas reparticiones públicas, incluido el PAMI. Aunque, al igual que en gestiones anteriores la intención es no reducir salarios y jubilaciones, las proyecciones dejan poco espacio para la esperanza.
El recién asumido secretario de Hacienda, Oscar Lamberto, y el flamante subsecretario de Presupuesto, Raúl Rigo, tienen la máxima responsabilidad de diseñar en los próximos días ese proyecto con la consigna de lograr un presupuesto “equilibrado”. En buen romance, no significa necesariamente déficit cero, aunque sí que se harán grandes esfuerzos para reducir a la mínima expresión un déficit que es imposible de financiar.
El Presupuesto servirá también como señal de que el Gobierno no emitirá moneda para financiar gastos superfluos y alimentar una espiral inflacionaria, como en otros momentos de la historia. El único recurso del que el equipo de Duhalde prevé echar mano es una emisión de 3000 millones de pesos en Lecop, pero intentaría eludir la fabricación de pesos.
Según fuentes del oficialismo, el Presupuesto se redactará sobre los supuestos de que el PBI se contraerá un 2 por ciento y la recaudación retrocederá un 3 por ciento sobre la del año pasado (que, a su vez, cayó más de un 7 por ciento en relación a la del 2000). Todo esto sobre el supuesto de que los ingresos de la Nación llegarán a los 38 mil millones que había pautado Adolfo Rodríguez Saá. Sin embargo, la pésima performance de la recaudación de diciembre y la falta de estímulos a la economía, que tiene la cadena de pagos interrumpida, demuestran como optimistas aquellos cálculos. Según técnicos oficialistas, difícilmente durante el año 2002 se pueda recaudar más de 33 mil millones, a menos que haya un despegue de la actividad económica de lo que no hay indicios.
Jorge Matzkin, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ayer admitió un recorte de gastos de 8000 millones, incluyendo una reducción de 5000 millones en el pago de intereses, y dio la pauta de cuán difícil será aplicar un tijeretazo de esa magnitud. Según recordó el legislador, el grueso del gasto es “inflexible”, ya que el sistema previsional y las remuneraciones de la planta estable de empleados se llevan, generosamente, más de la mitad de los recursos.
Los legisladores justicialistas comenzaron a admitir una impolítica embestida contra los contratados. Ellos mismos admiten en el PAMI hay unos dos mil contratos “injustificables” y que es prácticamente imposible dejar indemnes los mil setecientos que acumularon en Desarrollo Social las distintas gestiones.