El presidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró ayer que tenía previsto movilizar a las Fuerzas Armadas contra las empresas petroleras que no quisieran firmar nuevos contratos por la nacionalización de los hidrocarburos, pero no fue necesario. “Si no había contratos, con seguridad hubiera habido una amplia movilización de nuestras Fuerzas Armadas para ejercer el derecho de propiedad”, dijo Morales en rueda de prensa con corresponsales, y agregó que los militares estaban “totalmente preparados” para actuar el fin de semana pasado.

“Si alguna empresa no firmaba, estábamos totalmente preparados para ejercer el derecho de propiedad –sostuvo Morales–, como lo haría cualquier país, cualquier Estado, cualquier gobierno con sus recursos naturales.” Agregó que, para ello, contaba con “estas Fuerzas Armadas patriotas que están al servicio del pueblo y no como antes, al servicio de intereses externos y no de los intereses del pueblo boliviano”.

Morales dejó entrever que estuvo abierta la posibilidad de usar a los militares en el caso de Petrobras, que alcanzó el acuerdo con el gobierno apenas horas antes de terminar el plazo para ello, a la medianoche del sábado pasado. “Si usted fuera Lula y una trasnacional no respeta la normas de su país, una empresa que tampoco explota con equilibrio un recurso natural, y su país está en problemas económicos, ¿usted qué haría?”, preguntó Morales cuando un periodista brasileño le consultó si pensaba usar a los militares para lograr otros acuerdos con Petrobras en asuntos pendientes. “Estaría obligado a sentar soberanía, dignidad y recuperar esos recursos naturales cuando sabes que eso va a resolver tus problemas económicos”, respondió el mandatario boliviano.

Agregó que, en cambio, nunca pensó en frenar la exportación de gas a Brasil. Uno de los temas pendientes en la discusión con Petrobras es la nacionalización de dos refinerías privatizadas en 1999 y que Morales dijo que desea recomprar. “Si fuera Brasil –dijo Morales– las regalaría, si estamos pensando en cómo ayudarnos”, apuntó.

En cuanto a la nacionalización de la minería, Evo Morales admitió que quedará postergada hasta el año próximo. “Queremos reconocer como Estado que no tenemos suficientes recursos económicos para arrancar con la nacionalización de la minería”, reconoció el presidente durante el mismo encuentro con corresponsales extranjeros. Para el año próximo, en cambio, aseguró que “tenemos todo un paquete para la minería”, aunque aclaró que en el marco de la nacionalización del sector no confiscará ni expropiará la inversión privada legal y productiva. El mandatario insistió en su decisión de revertir al Estado los yacimientos concesionados y que permanecen inactivos.

Mientras alista la nacionalización del sector –cuya primera estatización data de 1952–, Evo anunció un plan de contingencia consistente en la inserción de 4010 trabajadores privados a la compañía estatal de minerales en el yacimiento estañífero de Huanuni, donde al inicio de octubre murieron 16 mineros en choques armados por el control de esa mina.

“Empezaremos con algunas minas como Huanuni, que está muy avanzado”, confirmó. El plan gubernamental prevé fortalecer Comibol, organismo estatal para la minería que fue reducido a su mínima expresión en 1985, cuando el ex presidente Víctor Paz Estensoro cerró los yacimientos andinos y puso en la calle a 30.000 mineros.

Actualmente, bajo el modelo de riesgo compartido, las estadounidenses Apex Silver y Pamerican Silver operan los dos yacimientos de plata más ricos del país, San Bartolomé y San Vicente, en el distrito andino de Potosí. Inti Raymi, filial de la también estadounidense Newmont, explota a tajo abierto dos importantes minas de oro en la región de Oruro. La suiza Glencore, por su parte, opera la mina aurífera Sinchi Wayra, comprada al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. La estadounidense Coeur D’Alene, en tanto, explota el legendario Cerro Rico de Potosí, horadado casi ininterrumpidamente desde el siglo XVI.