El gobierno de la provincia de Buenos Aires empezó a negociar la rescisión de los contratos de concesión de las rutas 2 y 11. El desenlace es fruto del fracaso en las conversaciones para que las empresas realicen nuevas obras de infraestructura durante los seis años que restan para que expiren los convenios. La intención de Felipe Solá es convocar a una nueva licitación pública.

Según trascendió desde el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Obras Públicas provincial, las concesionarias se niegan a realizar nuevos emprendimientos considerados clave por las autoridades. Eduardo Sícaro, titular de esa cartera, dio como ejemplo la construcción de una doble vía en la ruta interbalnearia 11 entre Conesa y San Clemente del Tuyú, que incluiría una rotonda de ingreso a esa localidad. El costo estimado de esa obra ascendería a los cien millones de pesos, un monto que la concesionaria privada –Caminos del Atlántico– se opone a afrontar teniendo en cuenta que le quedan seis años de explotación del servicio. El argumento es que, en ese período, no tienen chances de recuperar la inversión.

Algo similar ocurre con Covisur, la concesionaria de la Autovía 2, que tiene como socios al grupo Roggio, al español Dycasa, a CCI y a Esuco, empresa que también tiene a su cargo la explotación de la ruta 36 y a la que se encuentra ligado el presidente de la cámara de la construcción, Enrique Wagner. La decisión oficial se conoce a escasas semanas del comienzo del verano. La ruta 2 es el principal camino de acceso a la costa bonaerense.

El esquema tanto para la ruta 2 como para la 11 serían similares. Se buscaría un acuerdo con los grupos económicos para lograr la rescisión de los contratos. El plan incluirá una indemnización para los privados por los ingresos que dejarán de percibir durante los próximos seis años.

La provincia y los concesionarios venían negociando una readecuación de los convenios, pero no se llegó a un acuerdo final. Ayer, en las empresas, prefirieron la cautela. “Recibimos la propuesta oficial y la estamos analizando”, dijeron desde las oficinas de Covisur.

La última vez que se intentó un plan conciliador fue a mediados de año. En junio, Solá habilitó una suba del 15 por ciento en los peajes de ambos caminos, para automóviles, motos y camionetas. Esos recursos extra pasaron a ser administrados por un fideicomiso del Banco Provincia y sirven para la concreción de nuevas obras. Pero la idea es que ése fuera un esquema transitorio hasta la realización de un acuerdo definitivo, tras las audiencias públicas de rigor.

El anuncio de la suspensión de las concesiones sorprendió a los empleados de ambas compañías, que ayer realizaron consultas con sus superiores para conocer más detalles.

Según trascendió, una de las ideas que se baraja en la administración provincial es la de realizar una licitación pública, en la cual se concedería la explotación de las rutas 2 y 11 a un mismo grupo privado.