Echó leña al fuego es el lugar común que mejor describe la embestida protagonizada ayer por la ministra de Economía en contra del Indec, cuya credibilidad comenzó a debilitarse con los cambios metodológicos y de personal que el Gobierno encaró en las últimas semanas. Felisa Miceli destacó que el organismo cometió “un gravísimo error” al calcular mal las variaciones en precios y cantidades del comercio exterior que fueron difundidas el miércoles pasado, y añadió que su cartera ya ha “detectado una cantidad enorme de errores de este tipo a lo largo del año pasado”. En este contexto, otro duro golpe a la confiabilidad del vapuleado Instituto.

Los dichos alborotaron aún más el caldeado ambiente en torno del organismo que comanda Lelio Mármora (en situación de licencia), cuyos remozados mecanismos de cálculo fueron objetados el jueves por un grupo de economistas usuarios y un núcleo de productores de estadísticas –entre otros, los ex directores generales Luis Beccaria y Juan Carlos Del Bello–-, que reprocharon al Gobierno haber vulnerado las rutinas para calcular la inflación de enero. La convulsión amaga profundizarse. Según algunos de los críticos, la directora de Condiciones de Vida, Clide Trabucci, comulga con esos cuestionamientos y pidió su “desafectación al cargo”. Se trata de la superior de la desplazada Graciela Bevacqua.

El error del Indec al que aludió la ministra fue reconocido ayer mismo por el organismo a través de una fe de erratas en la que consta el nombre de Jorge Scalise, director con competencia en las estadísticas. La falta habría consistido en calcular mal las variaciones de las exportaciones e importaciones, consignadas en uno de los cuadros que se utilizan para difundir la información correspondiente al superávit comercial. A raíz de la falla, el Indec informó el último miércoles una caída del 3 por ciento en el ingreso de divisas por las ventas de granos en enero pasado en relación con el mismo mes del año anterior, cuando en rigor hubo un incremento del 23 por ciento. “Cualquiera que lee bien los diarios sabe del boom que tuvieron los precios de las commodities”, recriminó la ministra.

Esa falencia se reproduce en el resto de los rubros del comercio exterior, aunque sin alterar el cómputo final de la balanza comercial, según admitió anoche Economía, lo que de algún modo atenúa el impacto del yerro de los técnicos oficiales. Para Del Bello –ex titular del Indec durante el gobierno de Eduardo Duhalde–, sólo se trató de una “desafortunada” equivocación “en el modo de presentar los datos”, pero no en el procedimiento para hacer los cálculos. Aun así, la ministra aseguró que se inició una investigación para precisar la génesis de la equivocación: “Internamente, se están tomando las medidas del caso”, advirtió.

“Queremos que cada vez haya más transparencia y cristalinidad en la información, que hoy nos parece insuficiente”, aseguró la principal mujer de Economía, aunque sin precisar cuál sería la razón de la aludida opacidad de las estadísticas. “Estamos investigando las versiones sobre vínculos entre funcionarios del Indec y consultoras privadas y tenedores de títulos”, remató, propinando otro golpe a la imagen del Instituto.

Miceli aprovechó la conferencia de prensa en la que difundió el resultado fiscal de enero para replicar a quienes están cuestionando públicamente su estrategia para con el Indec. No conforme con ello, unas horas después ofreció otra conferencia para insistir con el tema. A los trabajadores del organismo, que con medidas de fuerza claman por un cambio del organigrama y objetan los retoques metodológicos, los sospechó de “defender intereses corporativos”. A los economistas que le reprocharon violentar los procedimientos normados de elaboración estadística les espetó ser de “los que en los ’90 no cuidaron al país”, aunque en el listado de profesionales se incluían nombres ajenos a la política de esa década, Roberto Frenkel o Fernando Porta, entre otros. Miceli mencionó a Juan José Llach, Miguel Angel Broda y Daniel Artana, a quienes criticó especialmente por su rol durante la década pasada.

Pero los detractores de la política oficial respecto de las estadísticas se reproducen. Tal como informó ayer Página/12, en el mismo sitio web en el que más de doscientos economistas usuarios difundieron sus críticas al Gobierno (www.linksarg.com.ar), aparecen dieciocho técnicos, entre ellos Beccaria, Del Bello y Susana Torrado, difíciles de emparentar con el neoliberalismo o teorías antipáticas al Ejecutivo. “Los cambios metodológicos y sociodemográficos como hubo en el Indec deben ser producto de un cuidadoso estudio previo, respetando los criterios aceptados internacionalmente... y no reformas ad hoc para obtener determinados resultados puntuales”, recrimina el texto, donde se considera como un “hecho grave” el reemplazo de Bevacqua, por considerarlo emparentado a ese procedimiento.

La modificación cuestionada consistió en tomar como base para el cómputo del IPC de enero las modificaciones en los valores de la medicina prepaga y los servicios turísticos que surgen de los acuerdos de precios que los prestadores celebraron con el Gobierno y no el que resulta de las encuestas, fuente regular de información.

La desplazada Bevacqua habría sido una de las detractoras del nuevo procedimiento, a quien el fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, convocó a prestar declaración testimonial sobre el tema. “Debe ir”, fue la obvia acotación de Miceli, quien minimizó su relevo por considerarla “una funcionaria de cuarta”. Difícilmente pueda atribuirse este rango a su superiora, Clide Trabucci, responsable de la Encuesta Permanente de Hogares. Se trata de una funcionaria de carrera, ex vicepresidenta de la Asociación Argentina de Estadística e inminente titular del Instituto Interamericano de Estadística, que nuclea a entidades y expertos de todo el continente.

Según fuentes muy próximas a esa directora, Trabucci pidió su desafectación al cargo en desacuerdo con los retoques apuntados arriba, aunque Economía se esmeraba en retenerla. Quizá no sólo por reconocer su prestigio como técnica esmerada sino por el impacto político negativo que puede tener esta dimisión.