El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, recibirá la próxima semana a una delegación de la CGT encabezada por Hugo Moyano. La reunión se terminó de pactar ayer y para los sindicalistas es una señal de que el Gobierno está dispuesto a avanzar con algunos de los temas que irán a plantearle. Los principales son tres: la convocatoria para julio del Consejo del Salario Mínimo, un aumento de las asignaciones familiares y una suba de las jubilaciones. También procurarán darle impulso a un proyecto de ley que ayer empezó a debatir la Cámara de Diputados para elevar los topes indemnizatorios por accidentes laborales.

La convocatoria a la reunión fue confirmada a Página/12 por tres fuentes gremiales, mientras que voceros de la cartera laboral dijeron desconocer su existencia. De acuerdo a la versión de los sindicalistas, el llamado al Consejo del Salario Mínimo está prácticamente resuelto. “Es igual que el año pasado, cuando también se juntó en julio”, indicó uno de los hombres de la conducción de la CGT, quien se negó a hablar de cifras “para no entorpecer” la negociación con el Gobierno y las cámaras patronales. De todos modos, trascendió que su pedido será elevar el salario mínimo a 1000 pesos, contra los 800 actuales. De ese modo, el haber quedaría por primera vez en décadas por arriba de la Canasta Básica que releva el Indec, actualmente en 920 pesos para una familia tipo.

En cuanto a las jubilaciones, la expectativa de la CGT es que haya un incremento generalizado en torno al 10 por ciento. Página/12 reveló hace un mes que el Ministerio de Economía y la Anses trabajan en un esquema de ajuste de 8 puntos. Este último organismo goza de un explosivo crecimiento de su superávit a partir del traspaso de más de 140.000 afiliados a las AFJP al régimen de reparto. Son trabajadores encuadrados en regímenes jubilatorios especiales, como docentes, diplomáticos y científicos. Esa holgura fiscal facilitaría una nueva suba de haberes para todos los jubilados, adicional al 13 por ciento dispuesta en enero.

En materia previsional, la CGT también hará una evaluación de su campaña para promover que los afiliados a las AFJP pasen al sistema estatal. Hasta el momento, ejercieron la opción 560 mil personas.

Los sindicalistas dicen que llevarán a la entrevista con Tomada un tema que empezó a crecer en el Congreso: el aumento de los topes indemnizatorios por accidentes de trabajo. La Comisión de Legislación Laboral de la Cámara baja empezó a analizar ayer la iniciativa, promovida por el diputado Héctor Recalde, quien es además asesor de Moyano. En la actualidad, la reparación máxima es de 180.000 pesos en caso de muerte. El proyecto de ley la sube al doble. Es un tema sensible para la Unión Industrial y demás cámaras patronales, que reclaman la aprobación de una nueva ley que trabe la acción judicial de los accidentados.

En este punto, la Corte Suprema emitió un fallo hace quince días que ratifica el derecho de los trabajadores a iniciar un juicio contra su empleador para cobrar una indemnización mayor a la que paga la ART. La comisión parlamentaria convocó para dentro de dos semanas a la Unión de ART (que reúne a las empresas) y a la Superintendencia de ART (el Estado) para que den su opinión.

Por otra parte, la misma comisión emitió dictamen a un proyecto de ley que dispone que las personas que trabajan los sábados después de las 13 o los domingos puedan contabilizar los días que no se hayan tomado como compensación en el cálculo de su indemnización por despido.