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Podrá decirse que tarde pió, pero el Senado dio ayer media sanción a un proyecto que establece la responsabilidad legal de las casas matriz de los bancos extranjeros, en caso de que sus filiales argentinas no cumplan con sus depositantes. A la luz de lo ocurrido a partir del 3 de diciembre, con la implantación del corralito, la pregunta sin respuesta por el momento es si esta iniciativa, en caso de ser convertida en ley por la Cámara de Diputados, será aplicable a los masivos incumplimientos ocurridos durante esta crisis, perpetrados bajo el paraguas con que los cubrió el propio Gobierno. Incluso en el caso de que sea aplicable, tampoco es seguro que la norma resulte efectiva, ya que su ejecución debería consumarse fuera de las fronteras nacionales. Los legisladores quieren que sea el Banco Central el que controle el cumplimiento de estas disposiciones.
Más allá de incógnitas y escepticismos, el texto aprobado por los senadores determina que “las sociedades conformadas en el extranjero como entidades financieras” y que actúan en la Argentina “responderán con la totalidad de su patrimonio local y el de sus casas matriz y sucursales por los pasivos que se hubieran constituido en la República”. De esta manera, la norma pretende responsabilizar patrimonialmente a las matrices por los actos de sus filiales, y no solamente de sus sucursales. La mayoría de los bancos foráneos operan en el país bajo aquella forma y no ésta.
Este proyecto fue impulsado en su momento por Raúl Alfonsín, quien luego renunció a su banca, y por las senadoras Mónica Arancio (radical) y Malvina Seguí (justicialista). Sin embargo, provocó serios desacuerdos dentro de esas mismas bancadas. Ayer arremetieron contra la iniciativa Oscar Lamberto, Raúl Baglini y Jorge Capitanich, todos especializados en temas económicos. Una de las críticas a la eventual ley es que dejaría en inferioridad de condiciones a la banca nacional, que no podría competir en respaldo con las filiales extranjeras si éstas respondieran con todo el patrimonio de sus matrices y sus redes mundiales.
Mientras tanto, analistas estadounidenses llegaron a la conclusión de que el Estado argentino invertirá en rescatar a los bancos mucha más plata que la admitida. Según la financiera Salomon Smith Barney, si bien el Gobierno anunció a comienzos de junio, mediante el decreto 905, que entregará a los bancos 9500 millones de dólares como compensación por la pesificación asimétrica (la conversión a pesos de los depósitos a una paridad 40 por ciento superior que la utilizada para los créditos), es probable que el Estado deba otorgar al sistema financiero un respaldo mucho más alto como condición para que vuelva a operar con cierta normalidad y para que recupere liquidez.
En concreto, esta banca de inversión considera que la mencionada cifra oficial de 9500 millones subestima ampliamente el costo definitivo en que incurrirá el sector público como resultado de la reestructuración del sistema bancario. “Es razonable suponer –dice un informe al que tuvo acceso Página/12– que el costo final de la crisis (para el Estado argentino) podría llegar a 17 mil millones de dólares.”
SSB muestra tanta convicción al respecto que, al estimar la deuda argentina, contempla directamente la emisión de Boden por 17 y no por 9,5 mil millones, indicando que “los costos fiscales de una crisis bancaria sólo se evidencian con el tiempo, cuando la crisis económica causa sus estragos entre los créditos que hay en cartera”. Entre otros costos, estos analistas dan por sentado que los bancos serán compensados también por la forzosa indexación asimétrica (la vigencia del CER para los depósitos y su exclusión de los créditos a particulares, por debajo de ciertos topes).