El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, dictó ayer una resolución que allana el camino para un aumento de tarifas de las empresas de medicina prepaga. Las principales compañías del sector preparan un nuevo ajuste para aplicar desde comienzos del próximo año. Gracias a la medida que apareció ayer en el Boletín Oficial, de ahora en más las prepagas tendrán que anunciar el incremento a sus clientes con 30 días de anticipación, en lugar de 60 días como ocurría desde enero de 2004. La flexibilización venía siendo reclamada por las empresas con insistencia. Si no hubiera sido concedida, las prepagas habrían empezado a remitir las notificaciones con los aumentos días antes de las elecciones del 28 de octubre. En tanto, un proyecto de ley para regular la actividad sigue estancado en el Congreso.

La resolución fue firmada sólo por Moreno. En los fundamentos aparece una justificación sorprendente. Sostiene que la medida apunta a lograr “mayor seguridad y eficiencia, en relación con las necesidades de la población”. Pero aclara que se adoptó en acuerdo con las mismas prepagas que solicitaban el acortamiento de plazos. “En el marco de las políticas públicas de comercio interior actualmente en ejecución, que permiten alcanzar diversos grados de consenso entre los sectores público y privado, resulta conveniente adecuar los servicios de medicina prepaga a la dinámica que dicha realidad asigna”, sostiene el párrafo central de la resolución 175.

Más abajo, insiste en que se lo hace “por razones de oportunidad, mérito y conveniencia”. El único efecto de la medida es reducir de 60 a 30 días el plazo para comunicar los aumentos.

Moreno asumió la negociación con las prepagas el verano pasado, cuando las empresas aplicaron una suba del 22 por ciento en los abonos. Frente a la reacción de los usuarios por el tarifazo, el funcionario acordó con las empresas el lanzamiento de nuevos planes con copagos, en los cuales los clientes deben pagar un plus por cada consulta médica. Esos planes contemplaban inicialmente un incremento del 6 por ciento, que luego fue desactivado ante la escasa adhesión registrada. Aun así, apenas el 4 por ciento de los afiliados optó a la fecha por los copagos.

Comercio Interior y la Superintendencia de Servicios de Salud prometieron en enero que dictarían una serie de medidas para excluir de los copagos a los enfermos crónicos y a las embarazadas, pero nunca lo hicieron. Horacio Bersten, de la Unión de Usuarios y Consumidores, anticipó a Página/12 que la entidad hará una presentación judicial en los próximos días para reclamar la nulidad del sistema de copagos porque no tiene ningún sustento legal normativo.

La resolución que apareció ayer fue la única que tomó el Gobierno en relación con las prepagas, justo en línea con el pedido de las empresas. En cambio, le quitó apoyo político a un proyecto de ley del propio oficialismo en la Cámara de Diputados. Es una iniciativa que contempla la creación de una comisión con facultades para regular las tarifas. También determina que las prepagas no pueden aplicar ajustes diferenciales a los afiliados mayores de 65 años en caso de que tengan 10 años como afiliados a una compañía. Otra de sus atribuciones es pedir garantías económicas a las empresas. La ley es resistida por las compañías y, hasta el momento, lograron bloquearla.

Susana Andrada, del Centro de Educación al Consumidor, comentó a este diario que Cemic y prepagas chicas de la provincia de Buenos Aires ya produjeron aumentos en los últimos meses en torno del 10 por ciento. Fuentes del sector indicaron a Página/12 que las principales compañías están definiendo el ajuste para el próximo año. “Una señal de que se viene una suba es que están apareciendo denuncias de los usuarios de incumplimiento del Programa Médico Obligatorio. Pasa todos los años. Es una forma de preparar el terreno para el aumento”, describió Andrada.