Funcionarios judiciales y del gobierno porteño realizaron ayer una inspección en la clínica psiquiátrica del barrio de Palermo donde una defensora de menores denunció que había visto, en una inspección sorpresiva, jóvenes sujetados con chalecos de fuerza. Por su parte, los dueños de la clínica hicieron su descargo, a través de una carta documento dirigida a la defensora general de la Nación, Stella Martínez, en la que califica la denuncia de “injuriosa y maliciosa” y explica que los casos de “sujeción física” se dan por “indicación médica” en “algún caso aislado, donde el riesgo de agresividad hacia sí o hacia terceros implique el riesgo de integridad física”.

La Justicia porteña, por un lado, y una fiscalía nacional, por otro, investigan las condiciones en que están internados niños, jóvenes y adultos en el Instituto de Psicopatología Nuestra Señora de Luján, ubicada en la calle Cabrera 3314 y 3373, en Palermo. La investigación se generó a partir de la denuncia realizada por la defensora pública de Menores e Incapaces en lo Civil, María Carolina Paladini. La funcionaria concurrió al lugar, en su condición de coordinadora de la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría General de la Nación, cuya misión es supervisar las condiciones de internación de los menores alojados tanto en los llamados institutos correccionales como en centros de salud.

En su denuncia, la defensora hace constar que encontró a una chica de 22 años y a un paciente de 17, atados y sujetados a la cama. Como la defensora tomó fotografías de las instalaciones, empleados de la clínica llamaron a personal de seguridad. Se generó entonces una situación de tensión, que derivó en una denuncia de “hostigamiento” por parte de la funcionaria judicial.

Los propietarios de la clínica, Gabriela Gabino y Raúl Abiad, ambos psicólogos, argumentaron que el incidente se produjo debido a que la defensora Paladini “se negó a identificarse”. También negaron que se haya hecho presente, a partir de la denuncia, el fiscal en lo contravencional Carlos Gómez Ríos, quien instruye una causa por presunto “hostigamiento”. “Sí concurrieron de la Asesoría General Tutelar de la Ciudad, a quienes se les deberá solicitar el informe correspondiente”.

Los responsables de la institución, entrevistados por Página/12, se lamentaron porque “a partir de la denuncia, la Secretaría Nacional de Niños, Adolescentes y Familia (Senaf) suspendió la derivación de pacientes” a la institución.

El Instituto de Psicopatología Nuestra Señora de Luján tiene una antigüedad de veinte años y está en plena expansión: cuenta con ocho sedes en las que atiende a unos 500 pacientes (según la información proporcionada por la entidad). De ellos, 250 están internados y otros tantos se atienden de manera ambulatoria. Entre los internados, unos 60 son derivados por el Senaf: en su totalidad, se trata de menores judicializados. Por cada uno, el Instituto recibe del Senaf una beca de 1350 pesos mensuales. El resto de los pacientes son de obras sociales o casas de provincias.

“La Senaf se maneja con presupuestos de hace 15 años, que no se incrementaron a pesar de la devaluación”, se quejó Abiad, responsable de la institución, que está a punto de abrir un nuevo centro ambulatorio en el barrio de Palermo. Este diario quiso saber la opinión de los funcionarios de la Senaf sobre el caso, pero no obtuvo respuesta.

En su descargo, los dueños de la clínica se quejaron por la visita sorpresiva de la defensora. “¿Cómo se elige el día o la institución para realizar inspección?”, preguntaron a la defensora general. En diálogo con este diario, concluyeron que la visita fue “por encargo” de una asesora tutelar, que había denunciado otro caso de un menor sujetado con chaleco de fuerza. “¿Por qué no se llevan a su casa a los menores?”, sugirió Abiad.