La Argentina fue condenada a pagar una indemnización de 172 millones de dólares a Sempra Energy International por la pesificación de las tarifas de gas después de la devaluación de 2002. La empresa estadounidense era accionista en aquel momento de Camuzzi Gas Pampeana (CGP) y Camuzzi Gas del Sur (CGS). Ante la decisión del gobierno argentino, la compañía inició una demanda ante el Ciadi, el organismo para la resolución de controversias vinculado al Banco Mundial, que ayer dictó un laudo en su favor. Sin embargo, el Gobierno aclaró que la reparación no será afrontada por el Estado nacional, sino que será derivada al accionista mayoritario de esas empresas.

La aclaración la hizo la Procuración del Tesoro de la Nación. A través de un comunicado, especificó que CGP y CGS acordaron en la renegociación de su contrato con el Gobierno –representado por la Unirem– que ante una eventual decisión negativa hacia la Argentina en el Ciadi asumirían sus consecuencias.

“Según los términos del Acta Acuerdo suscripta entre la Unirem y Camuzzi Internacional, las empresas Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur acordaron mantener indemne al Estado nacional por la eventual decisión en el arbitraje”, remarcó la Procuración, que recordó que el convenio fue suscripto el 26 de abril pasado.

El laudo del Ciadi se inscribe en el tratado de protección de inversiones que la Argentina firmó con Estados Unidos en 1994. El país aceptó la jurisdicción extranjera frente a cualquier controversia con las privatizadas. Sempra reclamó allí por la pesificación de las tarifas, que fue en contra de lo establecido en el contrato de concesión, según su versión. Así también lo entendió el Ciadi, un organismo con fuertes lazos con el Banco Mundial.