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Con un claro monopolio ultraliberal, la Universidad Torcuato Di Tella culminó ayer su Summer camp 2002, así llamado pese a celebrarse en el invernal agosto porteño. El punto de vista estadounidense también parece imponerse en cuestiones geoestacionales. El papel conductor le cupo a Guillermo Calvo, economista jefe del BID, mientras entre el público –poco numeroso, incluyendo a los estudiantes– se advertía a muy pocos economistas de peso. La jornada de ayer incluyó un homenaje a Rudiger Dornbusch, recientemente fallecido, a cargo, entre otros, de Carlos Rodríguez del CEMA, ex viceministro de Economía de Carlos Menem, quien evocó viejos entrañables tiempos en la Universidad de Chicago.
Guillermo Lesniewier, director del Banco Central, que compareció en lugar del presidente Aldo Pignanelli (ausente por una presunta “disfonía”), insistió en romper lanzas con Economía. “Hay que abrir el corralito”, dijo, liberando ya mismo y de modo total los depósitos de las personas físicas. Sugirió liberar también los de las empresas, porque de todas formas están obligadas a bancarizar cualquier transacción que supere los mil pesos. En cuanto al corralón (plazos fijos reprogramados), también habría que soltar los depósitos de menos de 10 mil pesos, entregando cheques diferidos al 2003. En cuanto al mapa futuro de la banca, Lesniewier piensa que el mercado se repartirá así: 30 por ciento para la extranjera, otro tanto para la privada regional (entidades como Bansud o Macro), lo mismo para la privada nacional (Galicia, Credicoop) y apenas un 10 por ciento para la banca pública (Nación, Provincia, Ciudad).
Pablo Guidotti, quien fuera secretario de Hacienda con Roque Fernández, sonó sencillamente apocalíptico. Dijo que en un escenario exageradamente optimista, con una quita del 60 por ciento en la deuda y pagando por la que quede un 6 por ciento anual, en diez años el país recuperará la relación deuda/PBI que tenía al momento del default: 54 por ciento, en lugar del 144 por ciento actual. Pero en cualquier escenario más realista, el Estado deberá reconocer que son impagables los bonos que está entregando a los ahorristas y a los bancos.
Guidotti dijo que el sistema financiero, que antes del colapso tenía un patrimonio neto positivo de 15 mil millones de dólares, ahora tiene la misma cifra aunque debajo de cero. Pero en un panel posterior, Miguel Kiguel, presidente del Banco Hipotecario, afirmó que el desbarajuste es tal que nadie tiene idea de cuál es el patrimonio de los bancos, “y el que dice que lo sabe y larga un número miente” (¿Alusión a Guidotti?).
Pedro Pou, quien presidió el BCRA entre 1996 y 2001, calculó que los 130 mil millones de dólares que tienen los argentinos fuera del país quintuplican el tamaño actual del sistema financiero. Lejos de criticar esa masiva fuga de capitales, Pou se congratuló por “esos argentinos que supieron preservar su capital de la voracidad de los esquemas redistributivos de la riqueza” aplicados presuntamente en este país, indicando que ello le infunde “un dejo de optimismo”, porque es posible que esos fondos retornen “cuando en el país vuelva a imperar la ley”.
El hombre del CEMA reiteró las recetas típicas del repertorio, pero esta vez, curiosamente, las presentó como resultado de las lecciones a extraer de la crisis. Una es que un país emergente debe aplicar una política fiscal mucho más conservadora que un desarrollado. Otra es que la banca central de un emergente no puede ser prestamista de última instancia, porque en el mercado no hay una demanda estable para los bonos que debería emitir para reabsorber el exceso de liquidez que podría crear mediante la asistencia a los bancos. Por tanto, debe haber prestamistas de última instancia privados (¿la banca extranjera?) y una muy alta liquidez sistémica.
Arremetiendo contra la banca pública, Pou señaló que tiene una alta proporción de créditos de alto monto, superiores a un millón de pesos, yque en ellos la morosidad llega a decuplicar la de los deudores de la banca privada. Su conclusión es que “la banca pública es un instrumento de redistribución de riqueza en favor de los amigos del poder”. Por tanto, propone obligarla a abandonar totalmente la concesión de crédito, concentrándose en servicios transaccionales. Luego aclararía, ante una pregunta, que en realidad los bancos del Estado deberían ser privatizados, empezando por “símbolos emblemáticos como el Nación y el Provincia”, pero que eso es hoy políticamente utópico.
Kiguel afirmó que por bastante tiempo no habrá crédito, tanto por falta de liquidez como de seguridad jurídica, porque nadie puede saber si se respetará una cláusula de ajuste (como el CER) o si los dólares serán pesificados. Al igual que Pou, no mostró simpatía por la offshoreización de la banca. “Banca offshore es lo que sobra –dijo–. Acá hay bancos de inversión que solo están para juntar plata de la gente y mandarla afuera.” Y también como Pou aclaró que si se habla de banca offshore en blanco, el depositante argentino no estará en absoluto libre de riesgos. “Si hasta hubo un proyecto para gravar la plata que está afuera”, se horrorizó Pou.