Ayer se publicó en el Boletín Oficial la resolución 1170 por la cual el Gobierno dispuso un incremento de tarifas a aplicar desde el 1º de enero en todos los medios de transporte público urbano de Capital, días antes del recambio presidencial y a cuenta de otros eventuales incrementos que pudieran disponerse en el futuro, cuando terminen las renegociaciones de contratos pendientes. La medida, que dispone subas de entre el 18 y 28,5 por ciento, está fundada en parte en “las mejoras del salario real” experimentadas en el 2006. Sobre esta base el Gobierno habría resuelto que los usuarios pasan a solventar una parte de los mayores costos de explotar ese servicio, que desde comienzos de la década cubrían sólo con aumentos en los subsidios. Los empresarios celebran lo que consideran “un cambio de paradigma”: se habría quebrantado el mito de que no es posible ajustar estos precios, sin quitar por ello el apoyo de la subvención estatal.

Las nuevas tarifas implican incrementos de 18 por ciento para trenes, 20 por ciento para colectivos y 28,5 por ciento para los subtes. Esto supone que los nuevos precios mínimos alcanzan a 90 centavos para el caso del subte y 90 para los boletos del autotransporte urbano hasta 6 kilómetros. Los pasajes ferroviarios también tendrán nuevos valores que, según las líneas, suben desde un mínimo actual de 0,55 a uno nuevo de 0,65 de peso, y de 3 a 3,5 pesos en recorridos más extensos.

Según la Secretaría de Transporte, ese mayor ingreso implicará un ahorro de 600 millones de pesos en la subvención que hoy cobran los tres medios, aunque no está demasiado claro por cuánto tiempo se extenderá el alivio fiscal. Los empresarios del rubro alertan que se están por abrir las paritarias de colectiveros y ferroviarios sobre un pedido de aumento salarial de entre el 25 y 30 por ciento. Cuando éstas se hayan cerrado, probablemente en marzo, la nueva suba de costos pondrá nuevamente al Estado en el brete de autorizar un nuevo incremento tarifario o reforzar el subsidio, licuando así rápidamente el ahorro actual.

La estructura de costos de cada una de estas prestaciones es clave para que se definan los precios de estos servicios, que están regulados y que se mantuvieron estables desde principios de la década.

En el caso de los trenes, hay normas que prevén expresamente el reconocimiento de mayores costos, cuando éstos superan en promedio el 6 por ciento. Para mantener la ecuación del contrato, se sube la tarifa o la “compensación tarifaria” que el Estado paga con los recursos provenientes del impuesto sobre el gasoil. Esta subvención seguirá existiendo. Pero ahora el Estado la recalculará sobre la información de costos actualizada e ingresos reforzados por el aumento, que sería “descontado” de la contribución estatal por esta vía de recálculo. Aun así, los concesionarios de trenes y subtes dispondrían de la ventaja de la disponibilidad inmediata del dinero, en lugar de cobrarlo a los 30 días, tal como se liquida hoy el subsidio.

Los empresarios del autotransporte –que gozan de la ventaja del gasoil y peajes subsidiados– también tienen la obligación de rendir cuentas sobre sus costos operativos. Con el refuerzo del subsidio para el autotransporte, el actual boleto mínimo de 75 centavos representa un ingreso a la empresa de 1,35 peso. Si a esto se añadiera la ayuda estatal por el combustible y peajes, ese valor trepa a los 2 pesos. Pero los empresarios consideran aun así que sus ingresos son insuficientes para renovar flota y reclaman créditos blandos del Estado.

En los considerandos de la resolución, Planificación recuerda que la Unidad de Renegociación de Contratos constató “el déficit” de las explotaciones ferroviarias; suma a esto la aplicación del IVA sobre el transporte que antes estaba exento y las mejoras salariales de los viajeros. Así justificó la suba que hasta ahora no había podido argumentar.