El Gobierno oficializó ayer un aumento del 15 por ciento para todas las jubilaciones y pensiones escalonado en dos etapas. El mes próximo subirán 7,5 por ciento y otro 7,5 por ciento en julio. El haber mínimo pasará primero de 596,25 pesos a 655 (en rigor, la suba del piso es de 9,8 por ciento) y luego a 690 pesos, a lo que se le deberá agregar 45 pesos correspondientes al subsidio sanitario del PAMI. La mejora alcanza a 5,5 millones de beneficiarios, le demandará al Estado un gasto adicional de 4900 millones de pesos en lo que queda del año y se financiará con recursos corrientes propios de la Anses, los cuales se vieron reforzados en los últimos meses por el traspaso de afiliados al régimen de reparto y la transferencia de fondos de las AFJP al régimen estatal.

El anuncio fue realizado en Casa de Gobierno por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el titular de la Anses, Claudio Moroni, luego de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmara el decreto en una reunión de la que también participaron el ministro de Economía, Martín Lousteau, y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. “Esta medida marca la continuidad de una política de recuperación de la capacidad adquisitiva de los haberes jubilatorios y de las pensiones”, destacó Tomada.

La jubilación mínima estuvo congelada doce años en 150 pesos, hasta que el gobierno de Eduardo Duhalde la llevó a 200 pesos en 2002. De ahí en más la administración de Néstor Kirchner la subió sucesivamente a 220 pesos, 240, 260, 280, 350, 390, 460, 530 y 596,25. Ahora llegará a 690 pesos, acumulando un incrementó de 360 por ciento desde la devaluación. Estas mejoras sucesivas provocaron un achatamiento de la pirámide, porque la mayoría de las veces no alcanzaron a todos los jubilados.

De hecho, este es el quinto aumento para los que ganan hasta 1000 pesos y el cuarto para quienes tienen haberes superiores a 1000. En 2001 el 25 por ciento cobraba el piso y ahora ese monto es percibido por el 70 por ciento de los jubilados y pensionados. El haber promedio, por su parte, quedará a partir de julio en 860 pesos, acumulando un incremento de 156 por ciento en los últimos seis años. La Anses financiará la suba con recursos propios, pues en la actualidad cuenta con un excedente de recaudación cercano a los 18.000 millones de pesos en un fondo de sustentabilidad creado el año pasado para intentar llevarles tranquilidad a quienes aportan al régimen de reparto.

El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, y algunos legisladores de la oposición cuestionaron el aumento, pues afirman que el Gobierno debería cumplir con el fallo de la Corte Suprema que obliga a fijar un índice de movilidad en lugar de hacer depender a los jubilados de los anuncios oficiales. Semino prometió que “en los próximos días” presentará ante la Corte Suprema un “amparo colectivo” para que se disponga que todos los jubilados del país cobren haberes proporcionales al 82 por ciento móvil de los salarios del personal equivalente en actividad. Lo mismo opinó la diputada del ARI Autónomo María América González, quien definió al aumento como “una respuesta patética y desesperanzadora para quienes esperan una respuesta por la movilidad”.

Desde que se aprobó la ley 24.463 de Solidaridad Previsional, en la década del 90, no hay un índice de actualización de los haberes jubilatorios. En agosto de 2006, la Corte Suprema dictó un falló en el que le reconoce al jubilado Adolfo Badaro el derecho a que su ingreso aumente en relación con la evolución de precios y salarios e intimó al Congreso a elaborar un índice. En lugar de ello, los legisladores incluyeron en la Ley de Presupuesto del año pasado una partida para aumentar las jubilaciones. En noviembre, la Corte Suprema cuestionó ese criterio y exhortó a que se aplique un “índice objetivo”. Para el caso Badaro, los jueces imponen que se utilice el Indice de Salarios que elabora el Indec. El Gobierno dijo que va a acatar la decisión judicial de la Corte Suprema, pero aseguró que todavía no definió si piensa tomar como referencia el índice de salarios y tampoco reveló en qué momento cumplirá con la ley. Mientras tanto sigue con la política de aumentos por decreto.