Roberto Porretti pasó el domingo en Buenos Aires y llegó diez minutos antes de las siete de la mañana a su despacho. A las tres de la tarde se fue, justo cuando dos integrantes de la comisión de investigaciones del Concejo Deliberante golpeaban las puertas de la municipalidad para verlo. Acompañados por un escribano, los ediles debían entregarle “personalmente” una citación del Concejo para que presente un descargo en un plazo de 10 días: aunque finalmente no pudieron verlo, en los hechos se trata del primer paso formal para suspenderlo.

La comisión de legisladores citó a Porretti en el marco del artículo 249 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que prescribe una serie de conductas ante las cuales pueden juzgar a un intendente. Si bien las interpretaciones no son únicas y todo puede acelerarse o retrasarse de acuerdo a las medidas que vaya tomando la Justicia (ver aparte), el artículo les permite intervenir ante un procesamiento o condena firme, “transgresiones”, “negligencias” reiteradas en contra del patrimonio municipal o por incapacidad física o mental.

En ese contexto, los legisladores intentan entender desde hace días si pueden ceñirse al artículo para remover al intendente.

Porretti fue denunciado por los dueños de un boliche bailable de Pinamar por un supuesto pedido de coimas de 175 mil pesos, junto a su secretario de gobierno Aldo Leonian, ahora detenido. Como la denuncia está basada en una cámara oculta que tiene la Justicia, los concejales tuvieron que encontrar la forma de poder empezar el proceso sin el video, es decir, sin la prueba principal. Ayer lo consiguieron.

“Firmamos un memorándum donde se le informa al intendente sobre la situación que se está viviendo y le damos diez días para que se expida al respecto; en el expediente hay recortes de diarios certificando que existe el problema”, indicó la presidenta de la Comisión de Investigación, Leonor Di Maio.

Para entregarle eso que algunos –sólo algunos– interpretan como el comienzo del proceso de suspensión, la comisión llamó a un escribano, Julio Falabella. El escribano se acercó con dos testigos a la comuna porque según la ley debían entregar ese oficio personalmente. Como no encontraron al intendente, dieron media vuelta y se fueron. Todo indica que estuvieron tratando de encontrarlo todo el día.

Ahora, la cuenta regresiva para el descargo empezará recién cuando Perrotti se encuentre con el oficio. ¿Se encontrará?

“Si quieren darme el oficio, que me digan en qué estudio de escribanos lo dejaron, que no tenemos problemas en ir a buscarlo”, respondió a la consulta de Página/12 su abogado José Ochoa. Las hipótesis que maneja el Concejo –como una suspensión, una licencia o la destitución– para los abogados son lo mismo que “un golpe institucional” a la comuna.

“Hasta que la pena no quede firme, el Concejo no puede tomar una resolución porque es un cargo electivo. Cualquier pedido de informe que le hagan está supeditado, además, a lo que dictamine la Justicia: si Roberto considera que en las preguntas se superpone la cuestión municipal y penal, lo municipal cede y prevalece lo penal y él puede responderle a la Justicia”. Fuera de eso, siguió Ochoa, el Concejo puede intervenirlo o destituirlo, pero “las presiones él está dispuesto a resistirlas, y si deciden voltearlo irá a la Justicia”.

No todo el enfrentamiento es como parece. De uno y otro lado ayer se reabrieron canales subterráneos de diálogo. Luego de 15 días de silencio, el intendente habló por ejemplo con uno de los concejales del PJ-no enemigo que aún intenta convencerlo de que se tome treinta días de licencia.