“Una empresa que ha traído a lo largo del último año y medio más de veinte aviones, difícilmente se puede pensar que tiene la vocación de marcharse del país”, sentenció ayer el embajador español en Buenos Aires, Rafael Estrella, descartando tanto el eventual retiro de Marsans de Aerolíneas Argentinas como el reingreso del Estado de su país a la compañía. Ese supuesto esquema fue postulado en los últimos días por rumores que ayer volvieron a desmentir ante Página/12 fuentes de la compañía privatizada y del Gobierno. Sin embargo, la infructuosa búsqueda para concertar una paz social con los siete gremios del sector –básicamente obstruida por las diferencias de criterios con los pilotos–- alimentan el supuesto de que el accionista privado estaría desalentado y buscando una salida.

“Estamos discutiendo con los sindicatos y el Gobierno la posibilidad de un acuerdo que garantice la ausencia de conflicto. Esta es la única negociación abierta”, aseguró ayer a este diario un vocero de Aerolíneas, descartando que sobre la mesa estuviera puesto el eventual retiro de Marsans. “(Ricardo) Jaime ya lo desmintió públicamente: no hay idea de incorporar a ningún nuevo accionista privado y tampoco está resuelto si el Estado argentino aumentará su participación en la compañía”, remató el vocero del secretario de Transporte.

Sin embargo, el titular del gremio de los técnicos, Juan Pappalardo, salió al cruce de las declaraciones de Estrella, aportando datos sobre el abandono progresivo que Marsans estaría concretando. “No hay garantías de que quiera quedarse –arremetió del líder de Apta–. No han invertido ni potenciado a la empresa: los aviones son de su propiedad y sólo se los alquila a Aerolíneas. El Estado tuvo que poner 25 millones de pesos para el pago de los sueldos.”

Los dichos del sindicalista coinciden con los de Jorge Pérez Tamayo, titular de Apla, el gremio que nuclea a los pilotos de las empresas locales, salvo de Austral. Los comandantes de las aeronaves también acusan al accionista privado de no atender las necesidades de la compañía y depender de la dádiva estatal para la cobertura de gastos básicos. Esto último fue terminantemente negado ayer por el vocero de Jaime ante una consulta de este diario: “Sólo se le transfiere a Aerolíneas el dinero que le corresponde por el subsidio al combustible de ciertos vuelos”.

Las cuestiones pendientes y de implicancia decisiva en el futuro de la privatizada son muchas e incluyen una inevitable modificación del cuadro accionario. En principio, porque el Estado podría ejercer la opción de subir su participación del 5 al 20 por ciento, algo que depende, entre otras cuestiones, de qué acuerde con los socios privados como contrapartida de esa mayor participación. Esa decisión tiene impacto inevitable sobre la situación de Marsans, que es la única propietaria de Austral, la otra línea del grupo.

El embajador Estrella también descartó expresamente la posibilidad de que el estado español, a través de la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), recupere el lugar que en el 2001 cedió a Marsans.