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¿Quién se beneficia y quién se perjudica con un ajuste devaluatorio que lleve el dólar a 4,50 pesos, como proponen los popes de la representación gremial empresaria concentrada? Lo destacable de esta última arremetida es el perfil de los personajes que están haciendo pública dicha propuesta. A algunos de ellos, como a Cristiano Ratazzi y Hugo Biolcati, les queda bien, habla de su coherencia, defendiendo los intereses de las empresas automotrices multinacionales uno y los de la rancia oligarquía nativa, el otro. Oligarquía cómplice de cuanto gobierno golpista hubo, hoy asociada a los agronegocios de las multinacionales. Pero el tercero, el de planteo más aguerrido y radicalizado de ajuste cambiario, fue el presidente de la desprestigiada Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, personaje que no cesa en su empeño de ocupar un lugar público de notoriedad, buscando una candidatura a gobernador de la provincia de Santa Fe, ya sea al lado de Carlos Reutemann con la venia de Eduardo Duhalde, o junto a Hermes Binner. Todo a costa de cualquier planteo, aunque sea contrario a los intereses de sus defendidos, mientras dirigentes que lo secundan intentan sostener un discurso “progre” al interior de la entidad.

Por lo pronto, Buzzi ya tiene ganado el pasar a la historia por ser el primer presidente federado que se calzó el sobretodo y la bufanda para acompañar a Miguens, Llambías y Macri en el corte de cintas de la inauguración de la muestra de La Rural de Palermo, en pleno conflicto destituyente. A estas actitudes de separarse con deslealtad de una causa se la llama, en buen castellano, defección.

Si la medida que pide el empresariado concentrado de la ciudad y el campo se aplicara, los primeros beneficiarios serían todas las empresas exportadoras de la industria y la agroindustria. Aplaudirían los grandes ganaderos, los frigoríficos exportadores y los productores agropecuarios del monocultivo sojero, en especial los pools de siembra, y las multinacionales que manejan la comercialización exterior. Una minoría privilegiada que siempre se benefició con cada devaluación. Quienes piden un dólar a 4,50 pesos proponen como alternativa la rebaja y/o eliminación de las retenciones en su defecto.

Cualquiera de las dos medidas perjudicarían profundamente a la inmensa mayoría popular. En primer lugar a los trabajadores, que con tamañas decisiones verían pulverizados los aumentos de salario adquiridos a través de las últimas luchas, incidiendo negativamente en la puja por la distribución de la riqueza. Además, traería aparejada una suba generalizada de tarifas y un más pronunciado incremento de precios en alimentos, bebidas, vestido, calzado. En resumen, el enfriamiento de la economía, que tanto proclaman como solución los que añoran la vuelta al neoliberalismo: una vuelta de rosca más en contra de una justa distribución de la riqueza. El único problema al que daría respuesta cualquiera de las medidas sugeridas es el reaseguro de los márgenes de rentabilidad de los sectores concentrados de la ciudad y el campo, a costa del hambre para muchos.

Mientras tanto, el gobierno nacional no define la profundización de las medidas redistributivas. Con medidas bien intencionadas pero faltas de profundidad busca recomponer acuerdos con la burguesía agraria poniendo parches a los reclamos de la Mesa de Enlace. El camino de la justa redistribución de la riqueza requiere de una mejor y más profunda intervención estatal, la creación de modernas juntas nacionales de granos y de carnes que intervengan en los mercados captando las enormes ganancias que hoy quedan en manos de capitales privados concentrados. Excedentes que deberían ser volcados a proyectos populares que garanticen la soberanía alimentaria, objetivo que hace imprescindible el ordenamiento territorial y la distribución de la tierra.

* Ex director de Federación Agraria, miembro de la Mesa Nacional del Fonaf.