El odio contra los inmigrantes se manifestó ayer de Arizona a Nueva York.

La Legislatura estatal de Arizona aprobó una versión final de lo que se considera el proyecto de ley más antiinmigrante del país: criminaliza a nivel estatal a todo indocumentado y permite a la policía local amplia discreción para detener a toda persona que sospechen es inmigrante sin papeles.

Con ello, sólo falta la decisión de la gobernadora republicana Jan Brewer, quien hasta el momento no ha expresado su opinión sobre la iniciativa. A partir de hoy Brewer cuenta con cinco días para anular la iniciativa con un veto, promulgarla o no hacer nada, en cuyo caso automáticamente se convierte en ley.

La iniciativa obliga a funcionarios y agencias estatales, incluida la policía, a aplicar las leyes federales de inmigración y tipifica como crimen la no obtención de documentos migratorios, o sea, no tener documentación legal. También criminaliza la contratación y la solicitud de trabajo de indocumentados y transportar o dar albergue a éstos. Pero el elemento más extremo, y más criticado por opositores, es la medida que obliga a la policía a interrogar a cualquier persona que considere potencialmente sospechosa de su estado legal migratorio.

La “zona cero”

Y ésta es sólo la iniciativa más reciente en Arizona, estado que se ha convertido en la “zona cero” de la guerra contra los inmigrantes en el país. El estado adoptó una ley en 2005 que criminaliza el tráfico de personas y otra en 2007 que prohíbe la contratación intencional de indocumentados. Los legisladores afirman que su intención es expulsar a los inmigrantes sin papeles y desincentivar su ingreso al estado. Se calcula que Arizona tiene medio millón de indocumentados y es el punto de cruce más activo para el flujo de personas sin papeles.

Los promotores afirman que esto es resultado de la falta de acción efectiva del gobierno federal para controlar las fronteras. El senador federal y ex candidato presidencial John McCain endosó ayer la iniciativa, y declaró que los habitantes de su estado “están frustrados y enojados”, ya que el gobierno federal no ha cumplido con “sus responsabilidades constitucionales para asegurar nuestras fronteras”.

Este comentario refleja el clima político, ya que antes McCain había repudiado este tipo de medidas por su carácter “antihispano”, y fue promotor de las medidas federales para una reforma migratoria integral. Ahora enfrenta el reto de un ultraconservador, quien lo critica por no hacer lo suficiente para asegurar la frontera en las elecciones primarias del Partido Republicano por la candidatura al Senado federal, lo que amenaza la reelección de veterano político.

La gobernadora republicana Brewer enfrenta las mismas fuerzas que McCain, al buscar su reelección este año, y se supone que no empleará su poder de veto para anular esta legislación. Su antecesora y ahora secretaria de Seguridad Interna del gobierno de Barack Obama, Janet Napolitano, sí desestimó iniciativas parecidas cuando era gobernadora, pero ahora todos culpan a Washington por no hacer lo suficiente en este rubro.

A la vez, McCain y su colega, el senador federal Jon Kyl, reiteraron su llamado al envío de tres mil integrantes de la Guardia Nacional a la frontera de Arizona con México, y por la construcción de más muros y mayores medidas para castigar a inmigrantes que cruzan la frontera sin documentos.

Organizaciones de inmigrantes, agrupaciones latinas, líderes religiosos y sindicalistas condenaron la legislación en Arizona y advirtieron que si es promulgada, todo latino o cualquier persona que las autoridades sospechen como posible “extranjero ilegal”, será sujeto a interrogatorio y arresto sólo por su apariencia.

El arzobispo de Los Angeles, cardenal Roger Mahoney, denunció que la Legislatura de Arizona ha aprobado “una de las leyes antiinmigrantes más retrógradas, mezquinas e inútiles del país”. Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros, pidió una expresión nacional de repudio “al odio e intolerancia que amenaza a nuestra comunidad”.

Danny Ortega, presidente de la junta del Consejo Nacional de la Raza, dijo que “Arizona ha sido incubadora de la legislación del odio” y advirtió que su impacto violará derechos civiles, derechos humanos y tal vez la Constitución, en entrevista con USA Today. El Fondo Mexicano Americano de Defensa Legal y Educación (Maldef) adelantó que retará la constitucionalidad de la ley ante los tribunales federales si llega a ser promulgada.

Ali Noorani, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración, advirtió que “esta legislación creará un clima de temor y pánico y sujetará a inocentes en Arizona a ser perfilados por su raza”.

Mientras tanto, en Nueva York se emitió ayer el veredicto contra un joven que mató a un ecuatoriano cuando, junto con amigos, salió a “cazar mexicanos” en el pueblo de Patchogue, en Long Island. El caso provocó ola de repudios a nivel nacional al enfocar el asunto en el incremento de crímenes de odio contra inmigrantes por todo el país, y ahora el Departamento de Justicia evalúa crímenes de odio a nivel nacional.

En noviembre de 2008, el inmigrante ecuatoriano Marcelo Lucero caminaba con un amigo cuando fueron enfrentados por unos siete jóvenes que buscaban “mexicanos” para golpear, lo cual culminó con el apuñalamiento mortal de Lucero. Ayer, Jeffrey Conroy, de 19 años, fue declarado culpable de homicidio imprudente como crimen de odio. Cuatro de sus compañeros han aceptado su culpabilidad en cargos de crímenes de odio, dos más están en espera de juicio. El juez determinará una condena de entre 8 y 25 años de prisión para Conroy. El veredicto causó inconformidad entre la comunidad inmigrante y activistas contra delitos de odio por no imputar al responsable un cargo más severo.

* De La Jornada de México. Especial para Página/12.