Desde Mendoza

Invitado por la Universidad Nacional de Cuyo, el presidente del CELS y columnista de este diario, Horacio Verbitsky, ratificó en Mendoza las denuncias contra los camaristas federales Otilio Roque Romano y Luis Francisco Miret, acusados de complicidad con el accionar de la Triple A y el terrorismo de Estado.

Verbitsky participó del “Ciclo la UNCuyo en el debate social, un espacio de reflexión”, invitado por la Secretaría de Extensión. Ante una sala colmada por más de 500 personas, destacó que “Mendoza es la única jurisdicción importante del país donde no hay represores detenidos por crímenes de lesa humanidad. Esto ocurre como consecuencia de una política deliberada de un grupo de magistrados para que no haya debates públicos ni juicios orales”.

“Los actuales camaristas Miret y Romano lo que no quieren es el desfile de testigos que cuenten ante todo el pueblo de Mendoza lo que hicieron durante la dictadura militar”, sostuvo.

Ambos magistrados están denunciados ante el Consejo de la Magistratura por omitir de manera sistemática salvaguardar la integridad de las personas detenidas que estaban a su disposición. Acusados de ser cómplices de los delitos de torturas, apremios ilegales y abuso sexual agravado en los expedientes Mochi, Luna, Rabanal y Menéndez.

Verbitsky consiguió los primeros aplausos del auditorio cuando sostuvo que desde el CELS “venimos por Romano, Miret y todos los cómplices del terrorismo de Estado. Están actuando en defensa propia a costa del conocimiento de la verdad, el castigo a los responsables y el saneamiento de la sociedad”.

El columnista de este diario destacó que buena parte de la información sobre el accionar de Miret y Romano durante la dictadura surgió de los expedientes que la Corte Suprema de Justicia ordenó digitalizar en julio de 2009. “Allí están las pruebas del encubrimiento que estos magistrados llevaron adelante”, afirmó.

El titular del CELS sostuvo también que “en otras provincias ocurre algo similar a lo de Mendoza, pero no se da una obstrucción deliberada, manifiesta y sistemática por parte de la Justicia”. En esta provincia hay más de 200 detenidos desaparecidos y asesinados antes y después del golpe del 24 de marzo de 1976. Y no hay ningún represor detenido por esos crímenes ni tampoco se han iniciado los juicios que estaban previstos para el 11 de marzo pasado, donde se iban a tratar en debate oral quince causas.

Verbitsky lamentó la oportunidad perdida por el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín que no removió a los jueces que juraron por el Estatuto de Reorganización Nacional. En este sentido diferenció la actuación del actual miembro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, quien a pesar de jurar “tuvo un comportamiento digno y en la práctica no los aplicó”, en contraposición con lo hecho por Miret, “quien no sólo juró por los Estatutos sino que los aplicó”.

“Miret y Romano han intentado usar la ley de medios para garantizarse impunidad. Pero ellos fueron denunciados por los organismos de derechos humanos antes de que les llegara la apelación sobre el fallo de la jueza Olga Pura de Arrabal. Intentaron victimizarse y querían abrir una negociación con el gobierno nacional pero no les resultó”, agregó el periodista.

Del Ciclo de la UNCuyo también participó Marcelo Stern, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos en Mendoza. En su exposición resaltó que hasta “el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas observa con preocupación la lentitud en el avance de las causas contra los responsables de graves violaciones durante la dictadura militar, especialmente en algunas provincias como Mendoza”.

Por su parte, Mariú Carrera, en representación de los organismos de derechos humanos, recordó que “cuando presentábamos los hábeas corpus la mayoría de los compañeros estaban todavía con vida”. Denunció también al entonces juez federal Gabriel Guzzo por su inacción y dijo que la Justicia era parte real del terrorismo de Estado. “Las respuestas de los hábeas corpus estaban colgadas en un gancho de carnicería. Eso era lo que ellos nos querían decir”, concluyó.

Miembros de la Comisión de Estudiantes por los Derechos Humanos, de la Facultad de Derecho donde Miret es docente, presentaron una ampliación del pedido de suspensión preventiva ante el Rectorado. La denuncia “por la grave situación institucional” que ha generado la presencia del camarista en la casa de estudios será tratada hoy por la Comisión de Reglamento del Consejo Superior. La semana que viene, en sesión plenaria, el Consejo Superior de la Universidad podría decidir apartar a Miret del claustro docente.

“La investigación que tiene el fiscal federal Omar Palermo seguramente va a terminar con Miret y Romano denunciados por crímenes de lesa humanidad. Y la denuncia que trata el Consejo de la Magistratura con la destitución de ambos magistrados. Lo que viene ahora es limpiar ese fuero y tener una Justicia federal decente”, concluyó Verbitsky.

En la misma jornada de la charla de Verbitsky, el camarista Luis Miret afirmó al diario El Sol, el único que ha seguido con regularidad el tema, que “fue un campeón del garantismo”.