En un fallo dividido, en el que concedió a cada parte algo y también le negó otro tanto, la Corte Internacional de Justicia de La Haya consideró que Uruguay violó el Estatuto del Río Uruguay al permitir la instalación de la planta de Botnia de manera inconsulta, pero evaluó que aún no se pudo establecer que la pastera haya contaminado el río, por lo que no hay razones para que no siga funcionando. Conocida la sentencia, los gobiernos de Argentina y de Uruguay se consideraron satisfechos y apuntaron a una pronta normalización de la relación bilateral. Los vecinos de Gualeguaychú, que siguieron la lectura del fallo desde la ruta a través de una pantalla gigante, gritaron su disconformidad –algunos con lágrimas en los ojos– y prometieron continuar con su protesta, por la que mantienen cortado el puente internacional desde hace más de tres años.

La sentencia no se apartó mucho de lo que se esperaba. En la Cancillería argentina habían venido en las últimas semanas preparando el terreno para que se considerara como un buen resultado que la Corte admitiera la violación uruguaya al Estatuto, al fin el motivo que originó el conflicto. Ya había quedado atrás la pretensión de relocalizar la pastera. Pero lo que pudo resultar decepcionante de la sentencia es que la Corte se desentendiera del segundo punto en discusión, que era el de la contaminación. En el gobierno argentino tenían la ilusión de que con los temas ambientales tan en boga en el mundo, la Corte pudiera tomar el caso para plantar una posición “verde”. No fue así.

Desde Venezuela, la presidenta Cristina Kirchner lo analizó como un buen paso a futuro. “Ahora no va a poder instalarse ningún tipo de pastera o actividad en las márgenes del río Uruguay si no se trata previamente en la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay)”, sostuvo la Presidenta, quien envió un mensaje al Uruguay al repiquetear sobre “la necesidad de respetar los tratados internacionales. Lo que sucedió demuestra que teníamos razón” (ver página 5).

En Montevideo, el vicepresidente uruguayo, Danilo Astori, también consideró la sentencia “muy positiva”. “Aunque era previsible, nosotros entendemos que el fallo resulta muy constructivo, muy positivo para Uruguay, y da un fundamento sólido para empezar una nueva etapa en las relaciones con Argentina”, añadió. Los funcionarios uruguayos enseguida se mostraron preocupados por armar un encuentro entre Cristina Kirchner y José Mujica y porque en Gualeguaychú se levante el corte (ver página 4).

Falla La Haya

La singular ceremonia fue transmitida en directo por la tevé pública y algunos canales de noticias. Los jueces de La Haya durante más de dos horas leyendo en francés el resultado de un diferendo entre los vecinos rioplatenses. En un rincón, la delegación de juristas argentinos que encabezó la consejera legal de la Cancillería, Susana Ruiz Ceru-tti. Del otro, los uruguayos al mando del ex canciller Pedro Vaz. Argentina acudió a la Corte de La Haya en mayo de 2006, luego de que quedara claro que no iba a ser posible alcanzar un acuerdo con Uruguay sobre la instalación de las pasteras. El Tribunal era la instancia de arbitraje prevista en el propio Estatuto del Río Uruguay.

El fallo fue insistente en sus definiciones. Varias veces recalcó las oportunidades en que Uruguay no siguió lo establecido en el Estatuto en cuanto a informar de los pasos que iba dando para la instalación de las papeleras tanto a Argentina como a la CARU, el organismo binacional que administra el río. “Se ha expresado de manera muy clara. Tanto en lo referente a ENCE, Botnia y el puerto de Botnia, en los tres casos la Corte entendió que se violaron varias disposiciones”, sostuvo Ruiz Cerutti en diálogo con Página/12, casi en la medianoche holandesa.

Según aseguraban en la comitiva argentina, en los puntos donde se suponía que la Corte se iba a pronunciar a favor, lo hizo en términos más contundentes a los esperados. “La República Oriental del Uruguay ha fallado en sus obligaciones vinculadas a los procedimientos que se establecen en los artículos 7 a 12 del Estatuto del Río Uruguay de 1975”, definió la Corte de La Haya en su escrito de 282 páginas.

Sobre este punto, se inclinaron a favor de la posición argentina 13 de los 14 jueces que integran el Tribunal. El único que no lo hizo fue el juez ad hoc elegido por Uruguay.

Los asambleístas de Gualeguaychú aplaudían entusiasmados cada recordatorio del juez Peter Tomka sobre los puntos que se había salteado Uruguay en el proceso que culminó con la puesta en marcha de Botnia, una pastera que produce un millón de toneladas anuales de celulosa, más que todas las papeleras argentinas juntas. Pero las caras cambiaron cuando la sentencia pasó a ocuparse de la cuestión de la contaminación.

Ruge Gualeguaychú

Grosso modo, la Corte evaluó que las pruebas aportadas por Argentina mostraron que Botnia tuvo algunos episodios en los que superó los niveles aceptables de contaminación, pero que de ninguna manera eso puede tomarse como un patrón de conducta de una planta que, según argumenta Uruguay, trabaja con tecnología de punta.

“Uruguay no ha fallado en sus obligaciones vinculadas a los artículos 35, 36 y 41 del Estatuto”, consideraron los jueces. Esos artículos son los referidos a los cuidados ambientales que debe tener el río. La Corte concluyó que “los elementos de prueba volcados en el expediente no permiten establecer de manera concluyente que Uruguay no haya actuado con la diligencia requerida o que los efluentes de Botnia hayan tenido efectos nocivos a los recursos biológicos, la calidad de las aguas o al equilibrio ecológico del río”.

En este capítulo, la votación de los jueces de La Haya fue de 11 votos a favor de la posición uruguaya contra tres.

También se desestimó el argumento argentino acerca de que Uruguay no hubiera analizado variantes antes de permitir la instalación de la papelera en Fray Bentos, justo frente al balneario de Gualeguaychú. Respecto de esto, los jueces de La Haya consideraron que como no había artículo del Estatuto que hablara de los “malos olores”, la demanda argentina sobre las emanaciones de Botnia y su impacto en el turismo no eran competencia del tribunal.

A esta altura, los rostros en la ruta de Gualeguaychú habían cambiado. Pasaron de los aplausos a agarrarse la cabeza y a algunas lágrimas. Los más moderados reconocieron la parte “buena” del fallo, pero otro sector reaccionó a voz en cuello contra los jueces de La Haya. Desde este sector prometieron seguir con el corte, pero la decisión recién se tomará en una asamblea entre hoy y mañana.

Desde la Cancillería argentina buscaban convencer a los ambientalistas de que su lema fundacional –“No a las papeleras”– quedó consagrado a partir de este fallo. “De cinco plantas proyectadas, sólo quedó una y de última generación. Y a partir de ahora, cada nuevo proyecto que intente llevar adelante Uruguay lo tendrá que poner en conocimiento de la CARU. Así que si Argentina no quiere, no habrá más papeleras en el río Uruguay”, sostenían. Pero el deseo de los asambleístas era ver a Botnia desmantelada.

En dos puntos coincidieron ayer los funcionarios uruguayos y los políticos argentinos: reclamaron la definitiva normalización de la relación bilateral y pidieron que se levantara el corte de ruta. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Daniel Filmus, consideró que seguramente “pasado el golpe” los asambleístas “van a tener que reflexionar”. La titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, directamente reclamó que “liberen el puente” para “reestablecer la hermandad” entre argentinos y uruguayos. Carrió fue de las pocas voces que salieron a criticar la estrategia jurídica argentina. “Fue una derrota enorme”, fue su evaluación.