Luego de las inspecciones realizadas por la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza en emprendimientos agrícolas de la provincia, la Justicia Federal investiga la posible comisión del delito de “trata de personas”. En los departamentos de Guaymallén, Tunuyán y San Carlos se comprobó que niños y adolescentes de entre 7 y 14 años trabajaban en condiciones deplorables junto a trabajadores adultos, todos contratados por empresas que arrendaron terrenos del Ejército para la producción de ajo. Las denuncias involucran al contratista Jorge Biscontín y a las empresas Bachiocchi Hnos SRL y Gispe, propiedad de José Spitalieri, presidente de la Asociación de Empresarios de Ajo de Mendoza, información que ratificó el fiscal, Fernando Alvarez. “La Justicia está investigando las denuncias presentadas por el Ministerio de Gobierno local, que como pasan de la órbita provincial a la federal, el delito podría tipificarse como “trata de personas”, explicó el abogado Pablo Salinas, quien integra una de las querellas que impulsa los juicios por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura en la provincia. La primera denuncia sobre la situación laboral en Mendoza la presentó la Fundación Alameda. Le siguió la del gobierno local y del defensor de derechos humanos en Tunuyán Ricardo Nasiff.