La decisión del Gobierno de terminar con el negocio de las AFJP y reinstaurar el sistema solidario de reparto derivó en innumerables quejas por parte de dirigentes de la oposición, analistas financieros, abogados y ex funcionarios menemistas. Las quejas eran además completadas con vaticinios sobre una escalada de juicios que iban a llevar a que se declarase inconstitucional el traspaso, y la necesidad de plantear el caso en cortes internacionales.

Los diputados del PRO Federico Pinedo y Julián Obiglio enviaron una carta al ex vicepresidente Julio Cobos para reclamarle que vete la medida. “Es un proyecto claramente inconstitucional y, ante la ola de demandas y reclamos por vía judicial que va a generar ante la Corte Suprema, que seguramente declare la invalidez de la reforma previsional, le pedimos a Cobos que como presidente vete de manera urgente la ley que va a aprobar el Senado”, señalaba esa misiva. Las críticas insistían en un supuesto carácter “claramente confiscatorio de los ahorros de los trabajadores argentinos, lo que está prohibido por el artículo 17 de la Constitución Nacional”, según los representantes del macrismo.

Los medios también hicieron sus pronósticos cuando el caso de Pablo Rossi (ver aparte) llegó a la Corte Suprema. “La Corte deberá resolver si la apropiación que efectuó el Estado de los recursos de los particulares que eran administrados por las AFJP, es constitucional o no, lo cual es un tema de suma importancia para definir la existencia o no de seguridad jurídica en el país”, señala un abogado que denunció por este tema al Ministerio de Trabajo y a la Anses, y adelantaba que el caso se dirimiría en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los accionistas de las AFJP se entusiasmaron entonces con la idea de obtener suculentas indemnizaciones por parte del Gobierno por “violación de los tratados de inversiones internacionales”, en caso de que prosperase el rechazo en la Corte Suprema.