Desde Brisbane

El grupo de empresarios de los países del G-20, conocido como Business 20 (B-20), cerró ayer en esta ciudad una cumbre previa a la que mantendrán los presidentes a partir de hoy. Al igual que los años anteriores, el objetivo de estos ejecutivos es elaborar un conjunto de recomendaciones con la intención de que sean aplicadas por los jefes de Estado. “Se debe mejorar la creación de un ambiente propicio para los negocios de forma que se estimulen las inversiones, amplíe la productividad y aumente la actividad económica y el crecimiento”, dijo el presidente del B-20, Richard Goyder, director gerente de la empresa australiana Wesfarmer. Para lograr ese “ambiente propicio para los negocios” presentaron veinte recomendaciones, centradas en cinco áreas claves: finanzas, capital humano, infraestructuras, comercio y transparencia. Lo que piden es sencillo: liberalización comercial, desregulación financiera, flexibilización laboral, eliminación de subsidios e implementación de procesos transparentes de licitación de proyectos de infraestructura para poder obtener contratos del Estado. Un típico programa neoliberal que ayer fue celebrado por el primer ministro australiano Tony Abbott, quien se reunió con los hombres de negocios exaltando el B-20, pese a que es sólo uno de los tantos grupos satélites que crecieron a la sombra del G-20. El titular de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, estuvo invitado al encuentro, pero no asistió por problemas de salud.

Este espacio surgió en la cumbre de Seúl de 2010 por iniciativa del gobierno surcoreano. En ese entonces, los jefes de Estado celebraron la iniciativa y en la declaración final dijeron que esperaban “la continuidad de la misma en las siguientes cumbres”. Los empresarios les tomaron la palabra y desde entonces se reúnen a la par de los encuentros del G-20 para tratar de marcarles la cancha. “Uno de nuestros mensajes es que, si quieren la confianza empresarial para crecer, lo mejor es asegurarse de que nuestras medidas se implementen”, dijo el sherpa (negociador) del B-20 Robert Milliner, quien confió en que la cumbre logre avances en la agenda de infraestructura, así como en la reforma del mercado laboral y del estímulo al comercio.

Los empresarios del B-20 manifestaron su satisfacción por la propuesta del G-20 de crear una Iniciativa de Infraestructura Global que facilite las inversiones en este sector en todo el mundo. Esa idea fue propuesta por Australia y si bien la mayoría de las delegaciones no están muy convencidas, el gobierno de Abbott insistió con el tema y logró mantenerlo en la agenda. Uno de los motivos para objetarlo era que el G-20 siempre se mantuvo con la idea de no tener una burocracia propia, ya que todo lo “terceriza” en el FMI, Banco Mundial, la OCDE y la Unctad. Sin embargo, en este caso el centro surgiría con una estructura propia. “Nuestros estudios demuestran que el establecimiento de este centro respaldaría con unos dos billones de dólares la capacidad de las infraestructuras, añadiría 600.000 millones de dólares al PIB mundial y respaldaría unos 10 millones de empleos adicionales para 2030”, afirmó Milliner en un claro guiño a Abbott.

La posición empresarial contrasta con la que tienen las organizaciones civiles del G-20 reunidas en el Civil 20 (C-20), que reclaman un crecimiento inclusivo que beneficie al 20 por ciento de la población más pobre. El C-20 también abogó por la creación de empleos de calidad, especialmente para los jóvenes, y la inclusión del impacto del cambio climático en la agenda de la cumbre, por entender que atañe a la economía aunque se niegue a hacerlo el país anfitrión, Australia, cuyo gobierno eliminó el impuesto a la emisión de gases contaminantes. Abbott quedó un poco descolocado luego de que el presidente estadounidense, Barack Obama, y su par chino, Xi Jinping, anunciaran hace pocos días un acuerdo para limitar los gases del efecto invernadero. Incluso tuvo que salir a decir que el crecimiento económico y la creación de empleo, y no el cambio climático, serán los principales asuntos en la agenda de la cumbre de líderes del G-20. “En relación con Australia, yo me centro no en lo que podría pasar dentro de 16 años, sino en lo que estamos haciendo ahora. Y no estamos charlando, estamos actuando”, aseguró.

El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Angel Gurría, también afirmó que los altos niveles de desigualdad pueden dañar el crecimiento a largo plazo y abogó por una mayor redistribución de los recursos. Durante un encuentro con las organizaciones sindicales del G-20, conocidas como Labour 20, Gurría explicó que un estudio que lleva a cabo su organismo muestra que si las desigualdades aumentan más podrían provocar reducciones de hasta el 7,5 por ciento del PIB per cápita en los próximos 25 años. “Debemos tener cuidado en garantizar que las estrategias del G-20 en crecimiento no sólo impulsen este crecimiento y la creación de empleo, sino que también tengan en cuenta las desigualdades”, dijo Gurría, en lo que fue la contracara del B-20. Según la OCDE, el 10 por ciento de la población más rica tiene unos ingresos 10 veces superiores a los del 10 por ciento de la población más pobre, cuando en 1980 la diferencia era de 7 veces, y en 1990, de 8.