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Las anteriores resoluciones de la Inspección General de Justicia en materia de combate a las off-shore provocaron una fuerte y previsible reacción de sectores ligados al poder económico, que sostuvieron que las normas dictadas por la IGJ desalentaban la “inversión extranjera”. Entre las resoluciones dictadas, se destacaron la 7 de 2003, que determinó que las off-shore debían tener sucursales permanentes fuera de la Argentina o poseer activos fijos en su lugar de origen, y la 8 del mismo año, que limitó el uso abusivo de la figura de “acto aislado” previsto en la ley de sociedades comerciales y eximía de inscripción local a las off-shore que realizasen un solo acto circunstancial, como por ejemplo la compra de un inmueble. Entre los abogados que criticaron duramente las resoluciones se destacó Mariano Grondona (h.), del estudio Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h.).