“Que sepan el mundo y los argentinos: nosotros ya no tenemos relaciones carnales con nadie. Somos un país independiente”, arengó ayer Néstor Kirchner, aludiendo a la voluntad de resistir la presión de los Estados Unidos para que el país cambie su posición en negociaciones internacionales. Esta postura, ratificada por otros funcionarios del Gobierno, está fundada en la posibilidad de que Argentina sea excluida del Sistema Generalizado de Preferencias, que permite venderle a Washington ciertos productos sin aranceles. Pero, en rigor, este riesgo no es novedoso, las eventuales implicancias económicas no son demasiado contundentes y ni siquiera hay un vínculo directo entre esa ventaja comercial y las posiciones que Buenos Aires sostiene frente al ALCA y en la Organización Mundial de Comercio, poco simpáticas a la administración de George Bush.

Lo que recalentó el tema fueron las recientes declaraciones de la representante comercial estadounidense, Susan Schwab, quien recordó que está bajo revisión aquel régimen comercial que el gobierno norteamericano administra a puro arbitrio. Tal como ayer puso de relieve el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Alfredo Chiaradía, se trata de una herramienta totalmente “unilateral” que, por ese hecho, puede usarse como instrumento de presión para favorecer o castigar. A pesar de esto, existen algunas pautas generales y presuntamente objetivas para su diseño, que Washington decidió modificar.

Desde octubre del año pasado, EE.UU. resolvió revisar el SGP con el explícito afán de ampliarlo a países que hoy no tienen ese beneficio. Con este objetivo definió luego tres criterios que trazan una divisoria entre los que conservarán aquella ventaja y los que pueden perderla. Entre los primeros se ubican los que en el 2005 no exportaron más de 100 millones de dólares bajo el SGP, los que tienen un ingreso per cápita inferior a los 3500 dólares o una participación menor al 0,25 por ciento en el comercio mundial.

Argentina supera todas esas referencias, al igual que Brasil, Tailandia y la India, otros de los afectados por la reformulación del sistema. Pero estos tres últimos casos tienen un peso relativo grande, ya que entrañan el 33 por ciento de las importaciones norteamericanas bajo el SGP, que suman 27 mil millones de dólares. Por el contrario, la incidencia de los productos locales es inferior.

Estados Unidos compra bienes argentinos por algo más de 4000 millones de dólares anuales, equivalentes al 10 por ciento de las exportaciones locales; de ellos, 600 millones se venden bajo el SGP (1,5 por ciento del total de las ventas externas argentinas). La mitad de ese monto se cubre con seis categorías de productos que, de concretarse la exclusión de Argentina de este régimen, luego deberían tributar un arancel. La pena, de cualquier modo, no parece demasiado gravosa: quesos (arancel del 15 por ciento), alimentos azucarados (5,6), metanol (5,5), cueros (entre 2,4 y 2,8 por ciento), aluminio (2,6) y carnes preparadas (1,4).

“Si algunos congresistas norteamericanos piensan que este riesgo nos inducirá a cambiar posiciones negociadoras, están equivocados”, sentenciaba ayer Chiaradía, quien, de todos modos, asegura que no hubo ninguna presión ni formal ni oficiosa sobre el gobierno local para que cambie los criterios sostenidos en discusiones internacionales. Buenos Aires hizo causa común con Brasil (y la India, entre otros) en la OMC, resistiendo la posibilidad de que los exportadores agrícolas abran sus fronteras a los bienes industrializados sin obtener una contrapartida equivalente. Kirchner y Lula tampoco son amigos de fogonear el ALCA y más bien promueven los acuerdos regionales que van en contra de la iniciativa Bush. Hoy nada permite suponer que esas estrategias vayan a ser modificadas.

Hasta el 5 de septiembre cualquier exportador argentino o importador norteamericano puede hacer llegar sus reparos a la reformulación del SGP ante las instancias pertinentes del gobierno estadounidense, entre ellas la USTR, casualmente, organismo dependiente del representante comercial de los EE.UU. con el que legisladores y funcionarios argentinos discutieron más de una vez sobre los controvertidos derechos de propiedad intelectual. En noviembre habría un veredicto definitivo acerca de qué nación y qué bienes quedan bajo aquel paraguas comercial, que ya fue utilizado como de castigo contra la Argentina, precisamente a instancia de la USTR.

En 1997 –después de que se sancionara aquí una legislación sobre Patentes que no contemplaba a rajatabla la aspiración norteamericana de que sus laboratorios cobrasen de inmediato royalties por las fórmulas copiadas– se exceptuó del SGP a la mitad de los productos argentinos. Esos noventa rubros castigados no recuperaron el privilegio de la desgravación, pero en el 2002 se incorporaron otros nuevos a la lista de “preferidos”. Prueba de que el tema en sí mismo es materia de negociación permanente.