En mayo de 1946, durante el primer gobierno peronista, un centenar de indígenas del norte argentino marchó a pie desde Jujuy hasta Plaza de Mayo en reclamo de territorios. El hecho, inédito, quedó en la historia como el “Malón de la Paz”. Fueron casi dos meses de caminata para gritar en Buenos Aires una deuda silenciada: las tierras de los originarios. A 60 años de aquel hecho, otra marcha, ante otro peronista, pero con el mismo reclamo: 120 comunidades aborígenes de Jujuy finalizaron ayer el “Segundo Malón de la Paz”, como lo llamaron. Caminaron un día y medio desde los distintos departamentos de la provincia, hacia Purmamarca y exigieron que el gobernador Eduardo Fellner acate un reciente fallo de la Justicia que lo obliga a entregar 1,5 millón de hectáreas a kollas y guaraníes. Además, en asamblea decidieron el corte total de las rutas nacionales 9 y 16, por tiempo indeterminado, hasta que el gobernador dialogue con ellos.

Desde el lunes a la mañana y hasta ayer al mediodía, casi mil indígenas caminaron las rutas y caminos provinciales para exigir la entrega y titularización comunitaria de tierras y decidieron el corte de una de las rutas más importantes de la provincia: “Hemos tomado la decisión en comunidad. Estamos cansados de que el gobierno nos mienta y que no quiera cumplir el fallo de la Justicia.Estamos con una postura fuerte y no queremos que nos sigan vapuleando, estaremos aquí hasta las ultimas consecuencias”, afirmó Primo Guanuco, del pueblo kolla de Humahuaca.

La medida, interpretada como un ultimátum al gobierno de Fellner, se produce luego de que la Justicia provincial dictaminara –en un fallo inédito– que el Ejecutivo provincial entregue, en un plazo menor de 15 meses, tierras a comunidades de diez departamentos, entre ellos Tilcara, Humahuaca y Tumbaya. El fallo también advierte a Fellner que se abstenga de entregar esas tierras a terceros y resalta la importancia del Convenio 169 de la OIT (tratado internacional que legisla en la materia y al que Argentina adhirió) “dando obligatoria participación a los aborígenes en todo lo que pudiera afectar su territorio y su vida”. Los abogados especializados en derecho indígena resaltan que con esta medida se sentó precedente para decenas de causas que esperan dictamen.

“El millón y medio de hectáreas que la Justicia obliga a Fellner que sean para las comunidades son las mismas que, luego del primer Malón de la Paz, Perón expropió para los padres y abuelos de estos hermanos que hoy marchan y cortan la ruta”, resaltó el abogado patrocinante, Enrique Oyharzábal, miembro del Equipo Nacional de la Pastoral Aborigen.

Por parte del gobierno provincial, la secretaria de Derechos Humanos, Elizabeth Eisemberg, aseguró que el Ejecutivo acatará el fallo –aunque había presentado un recurso de amparo apelando la medida–, pero estimó que “en quince meses no se puede titularizar esa cantidad de tierras, es poco serio. Reconocemos que el Programa funcionó mal en una época, pero la situación cambió. Hay que tener en cuenta que Jujuy es pionera en entrega de tierras, de cinco millones de hectáreas de la provincia, 1,3 son para los aborígenes. Ya entregamos 450 mil, pero al menos necesitamos dos años y medio para el resto. Hacerlo rápido sería poco serio”.

Nicolás Vilca, referente del pueblo kolla del norte provincial, sostiene lo contrario: “Hace años que están prometiendo cosas, pero nunca cumplen. Ahora nos quedaremos acá cortando la ruta”.