Con más sutileza y más consenso interno que en previos pronunciamientos, la Corte Suprema vuelve a “hacerles agenda” a los otros poderes del Estado. Ahora, el Tribunal apunta a reparar el desamparo de los jubilados, una de las mayores injusticias consumadas por los últimos gobiernos, Corte respectiva incluida. Restañar esas heridas, con la ley en la mano, es uno de los objetivos básicos de los actuales supremos.

Las inconstitucionalidades con las que fulminó el aciago régimen de aseguradoras de riesgos del trabajo, la intimación a tres estados (nación, provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma) sobre el Riachuelo y las intervenciones referidas a los jubilados forman un haz coherente de tareas restauradoras. Se trata de derechos largamente conculcados de sectores muy amplios de ciudadanos a cuyo respecto la Corte (si se permite una metáfora coloquial no muy garantista) quiere tirar un tiro para el lado de la Justicia. O, por decirlo de modo coloquial más político, intenta instalar un rumbo distinto al que impuso el neoconservadurismo.

La sentencia dictada en el expediente “Badaro, Adolfo” les señala a los otros poderes del Estado que en las actuales circunstancias es una ilegalidad la postergación recurrente de los jubilados que ganan más de mil pesos. El planteo se obra con mucha cautela respecto de la esfera de competencia del Parlamento. La Corte, con decoro y hasta con elegancia, le deriva la ponderación del importe de la corrección que debe recibir la demasiado inmóvil jubilación de Badaro. El tribunal no lo confiesa (ni tiene por qué decirlo), pero se ha curado en salud respecto de algunas de sus decisiones precedentes, en las que no lograba unificar criterios y en las que incursionaba demasiado en la función legislativa. Dado el carácter ejemplar que tienen las sentencias de la Corte, la unanimidad de criterio es un valor agregado, que no se consiguió en el caso “Bustos” que admitió la pesificación de ciertos depósitos bancarios. Por entonces sobreabundaban los votos en disidencia y la multiplicidad de criterios aún entre quienes lograban forzadas mayorías.

La resolución de ayer –como se ocupó de resaltar el titular de la ANSeS Sergio Massa– no contradice la tendencia de la política del Gobierno en materia jubilatoria. En la Rosada y en Trabajo se viene admitiendo que se tornó injusta la recurrente omisión de aumentos a los jubilados que percibían mil pesos o más. Tan es así que el último incremento los incluyó, por primera vez en muchos años, haciéndose cargo de que la pirámide respectiva quedó demasiado achatada.

Nuevamente, la Corte amplía la agenda pública en un sentido progresivo. Ese sensible aporte al sistema democrático seguramente no mejorará el humor del Presidente, quien aspira siempre a reservarse el monopolio de la iniciativa. No será funcional al manejo coyuntural del Ejecutivo, pero es necesario que otros poderes del Estado se hagan cargo de las necesidades de la población y de la vulneración de sus derechos.

El oficialismo también asume, en la intimidad, otras deudas con los jubilados, no ya económicas, sino institucionales. Una de ellas es el perverso régimen de las AFJP que el Gobierno no alterará en su totalidad, en parte porque se ha valido de sus fondos para ampliar sus disponibilidades financieras. Pero Kirchner y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, tienen en carpeta alguna reforma para balancear la nefasta tendencia privatista de la legislación vigente. Uno de sus pilares sería cambiar la regulación de la opción entre el régimen de reparto y los fondos de pensión, en caso de silencio del aportante. La idea sería que en ese supuesto más que frecuente, el contribuyente indeciso sea asignado de oficio al sistema estatal de reparto y no engorde al privado.

No le queda tanto tiempo por delante al actual gobierno antes de las elecciones. La intención no confesa pero imaginable del Presidente era tener en la galera para sacar de improviso aumentos generales a losjubilados y depurar algo el régimen legal. La Corte, más vale, no le impide hacerlo pero le ha delimitado el terreno: la corrección de los haberes superiores a mil pesos no será una gracia presidencial sino el pago de una deuda social.

La Corte, se supone, está compuesta por nueve miembros. El Gobierno, desafiando su propia y superadora legalidad, viene postergando indebidamente dos nombramientos. Los supremos están cada vez más fastidiados por la situación, a punto tal de que varios lo han extrovertido en público. Pero ese malestar, que crece y se va haciendo bronca, no los ha llevado a perder el estilo ni les ha impedido decidir en otra cuestión de Estado. La pelota, ahora, queda del otro lado de la red.