El atril ya se está volviendo famoso. Y ayer sumó un nuevo capítulo. A la mañana, durante un acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde se anunciaron obras viales en la provincia de Buenos Aires, Néstor Kirchner recurrió de nuevo a la estrategia de la comunicación directa con la población. Esta vez el mensaje fue para los jueces que tienen a su cargo las causas por delitos de lesa humanidad que pesan sobre los represores de la dictadura. “En el caso de los juicios que se llevan adelante contra los represores por las violaciones a los derechos humanos, me parece que los veo un poco lentos. Hay que tener más celeridad, no tener miedo a avanzar”, dijo. “Se dice que hubo más de 490 campos de concentración y ahora no llegamos a 200, a 300 detenidos. Parece que hubo campos de concentración donde los detenidos se atendían solos”, subrayó Kirchner a pura ironía.

El mensaje de Kirchner se refería a las causas que se reabrieron tras la anulación de las leyes de impunidad, un proceso que pasó por el Congreso y terminó con la ratificación de la Corte Suprema, en junio de 2005. Cuando la obediencia debida y el punto final quedaron anuladas, en todo el país comenzaron a abrirse causas contra represores de la dictadura. Algunas habían sido abiertas antes de 1987, otras no. Hoy son 959 expedientes y corresponden a las 23 provincias más la ciudad de Buenos Aires. Aunque son más de 900 causas, sólo están detenidos unos 211 represores, que cumplen prisión preventiva. Esa cifra surge de un relevamiento de la Procuración General de la Nación.

El número de miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad presos –alrededor de 200– contrasta con las más de 900 causas abiertas por violaciones a los derechos humanos. Son cuatro o más expedientes por cada represor detenido. También es notorio el desfase con la cantidad de centros clandestinos de detención de la dictadura. Según un informe de la Secretaría de Derechos Humanos, está confirmado que entre 1976 y 1983 hubo en el país al menos 488 campos de concentración. Todavía se están investigando otros 65 lugares, por lo que el número podría aumentar.

Desde el atril, Kirchner hizo referencia a esas cifras. Enseguida volvió a pedir velocidad a la Justicia. (No era la primera vez que hacía un reclamo en público. En abril de 2005 había instado a la Corte Suprema a que anulara las leyes de impunidad). “Queremos justicia. Para eso, la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final que dictó la Corte en su momento es fundamental y central. Es muy importante avanzar en esto. Que quienes fueron represores no esperen que vuelva otro tiempo para recuperar impunidad o volver a buscar seudorreconciliaciones que los mantengan en la impunidad, como los mantuvieron durante tanto tiempo. De última, muchas veces están especulando”, dijo.

Otro de los puntos polémicos en la situación de los represores presos es que la mayoría está detenida en bases militares. También están quienes disfrutan del beneficio de la prisión domiciliaria, que rige para los reclusos mayores de setenta años. Poco después de asumir, la ministra de Defensa, Nilda Garré, dijo que el Gobierno estaba analizando la posibilidad de trasladar a los represores a cárceles comunes. “Hay una discriminación entre los detenidos de la Argentina”, argumentó la ministra, quien también subrayó que las unidades de las Fuerzas Armadas “no están hechas para ser lugares de detención”. Sin embargo, ni Garré ni ningún funcionario explicaron cuándo ni cómo se concretaría un eventual traslado de los represores presos. En el Gobierno dijeron que la decisión de cambiar el lugar de detención era potestad de la Justicia.

El tema había generado polémica luego de que Página/12 revelara que el coronel Pascual Guerrieri, ex jefe de un campo de concentración, había violado la prisión domiciliaria. Un grupo de periodistas de “CQC” lo había sorprendido en la puerta de su vivienda, sobre la avenida Figueroa Alcorta. Tras ser visto in fraganti, el represor quiso esquivar a los periodistas y se refugió en el Regimiento de Patricios, en Palermo.

Desde el micrófono, Kirchner coincidió con Garré y dijo que los represores debían ir a cárceles comunes. “Todos aquellos que infringieron la ley tienen que ir a cárceles comunes. Como todos los argentinos, tienen que estar sujetos a las leyes y a las mismas obligaciones”, aseguró. Algo similar había dicho el lunes a la noche, cuando recibió en su despacho de la Rosada al cineasta Adrián Jaime y a la joven Victoria Donda, hija de desaparecidos y sobrina del ex jefe de Operaciones de la ESMA Adolfo Donda Tigel. El cineasta está filmando un documental sobre la historia familiar de Donda. Hace dos semanas recibió una carta documento firmada por Donda Tigel que lo instaba a detener el rodaje. A partir de ese dato, en el Gobierno comenzaron a investigar si el marino salió alguna vez de su lugar de detención, la base naval de Río Santiago.