El Senado bonaerense dio ayer media sanción a la suspensión por sesenta días de la aplicación del Impuesto a la Riqueza provincial, cuyo cobro había quedado sin efecto por una medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia. Los diputados intentaban al cierre de esta edición hacer su parte para aprobar el proyecto, iniciativa del gobernador Daniel Scioli luego de que el máximo tribunal hiciera lugar al amparo presentado por un contribuyente. Los jueces aún deben expedirse sobre la cuestión “de fondo”, es decir, sobre la presunta inconstitucionalidad de gravar con una alícuota especial del Impuesto Inmobiliario y Automotores a aquellos ciudadanos que tengan un patrimonio superior a los 500 mil pesos. La iniciativa fue alentada por el actual titular de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires, Santiago Montoya, quien con este cambio aspira a fortalecer los ingresos provinciales, objetivo principal para achicar el millonario déficit que afecta a la principal provincia del país. Sin embargo, el resultado del tributo no fue demasiado alentador hasta ahora. La alícuota modificada aportó 87 millones de pesos contra una expectativa inicial de entre 250 y 300 millones.