Desde Ciudad del Cabo

Veintidós personas muertas, a palos, a cuchilladas o quemados vivos. Seis mil inmigrantes, la mayoría de Zimbabwe y Mozambique, desplazados, refugiados en estaciones de policía o iglesias sudafricanas. Cientos de heridos y más de doscientos detenidos. Es el resultado provisional de más de una semana de ataques xenófobos en los ghettos que rodean Johannesburgo y, el domingo, en el propio centro de la capital económica sudafricana. La Cruz Roja y Médicos sin Fronteras han igualado las consecuencias de estos ataques a una “crisis humanitaria”, mientras más voces en el país reclaman la presencia del ejército en los ghettos para controlar la situación. Algo que no descarta ni la propia policía, en muchas ocasiones sobrepasada por la turba, según explicaron sus máximos responsables.

Ayer se terminó de hacer recuento de la sangría del fin de semana, pero los números se engrosaban a medida que los disturbios continuaban en, al menos, seis ghettos y barrios marginales, con más asesinatos, más quema de casas, más enfrentamientos con la policía. Las fuerzas de seguridad intentaban a última hora de la tarde rescatar más cuerpos carbonizados, de quemados vivos por la muchedumbre en el ghetto de Germiston. Las voces de condena a los ataques se reprodujeron ayer, entre ellas las del arzobispo emérito Desmond Tutu, que pidió el fin inmediato de la violencia, “parar, por favor, parar, son nuestros hermanos”. Tutu recordó que los países vecinos habían acogido a los sudafricanos durante los tiempos del apartheid: “No podemos agradecérselo matando a sus hijos, no podemos mancillar nuestra lucha con estos actos de violencia”.

Los grupos de la oposición, el movimiento antisida TAC y la propia Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica hicieron un llamamiento al despliegue de las fuerzas armadas para el control de la situación, puesto que la policía se ve, en muchas ocasiones, incapaz de contener a la turba. Los propios responsables policiales aseguraron ayer que no descartan acudir al ejército, pero que la situación, por el momento, no lo requiere, dado que iban a reforzarse los efectivos policiales en la provincia de Gauteng, la única afectada. Una decisión que tiene mucho de política, también: la imagen de los soldados en los ghettos no se ha visto desde el fin del apartheid.

“Hemos hecho un llamamiento a que el gobierno utilice todos sus medios para parar la violencia –explicó Tseliso Thipanyane, el director ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos–, incluso el despliegue del ejército.” Thipanyane explicó que los ataques, más allá de explicarse por la frustración de los locales ante la pobreza, el desempleo, el crimen o la falta de servicios públicos, también son el reflejo de políticas inadecuadas tanto de inmigración (“tenemos entre tres y cinco millones de inmigrantes ilegales, es algo en lo que hay que actuar de forma diferente”), como de actuación respecto de Zimbabwe.

La situación política y económica en el país vecino, bajo la dictadura de Robert Mugabe, ha supuesto que una buena mayoría de los inmigrantes ilegales en Sudáfrica sean zimbabwenses, “y en muchas ocasiones se los responsabiliza, generalizando, por los elevados niveles de crimen en el país. Pero tal vez hay que reconsiderar la política de Sudáfrica hacia Zimbabwe”, explica Thipanyane, refiriéndose a la “diplomacia silenciosa” del gobierno de Mbeki para con el de Mugabe. Thipanyane, aunque reconoce que muchos de los asaltos han sido protagonizados por zulúes, descarta que éstos puedan ser explicados sólo por razones étnicas: “En Alexandra, donde se iniciaron los ataques, los agresores eran zulúes, pero en otros ghettos las víctimas han sido zulúes”. El director, que critica que el gobierno no hubiera actuado antes, tras esporádicos casos de xenofobia, considera que entre los atacantes hay un componente criminal muy claro, “que se beneficia monetariamente, con el robo y espolea al resto”. Aun así, la organización sindical Cosatu demandó el lunes que se aclare la participación del partido zulú Inkatha Freedom Party –históricamente enfrentado al Congreso Nacional Africano, en el gobierno–, cuyos cuadros en los ghettos podrían haber azuzado a los agresores en reuniones vecinales previas a los ataques.

Mientras el resto de las ciudades en el país ponía a sus policías en alerta para prevenir la extensión de los ataques, la Cruz Roja hacía un llamamiento a la población para la provisión de mantas y comida a los refugiados y Médicos Sin Fronteras, en boca de su representante, Eric Gomaere, equiparaba la situación a una crisis humanitaria: “Hemos tratado a gente por balazos, por palizas, por violaciones, la gente está aterrorizada”. El obispo Paul Verryn, en cuya iglesia metodista en Johannesburgo encontraron refugio más de trescientas personas sólo el domingo, afirmó: “Es una situación muy triste, necesitan seguridad, comida, mantas y atención médica, pero, principalmente, lo que necesitan es ser tratados como seres humanos”.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.