A casi dos meses de iniciado el ciclo lectivo y con el invierno prácticamente encima, el ministro de Educación de la ciudad de Buenos Aires admitió públicamente que 52 escuelas estatales no tienen gas y que más de un centenar presentaban serios riesgos para los alumnos por instalaciones eléctricas deficientes o bien por filtraciones y rajaduras en sus estructuras, entre otros graves problemas edilicios. Con ese reconocimiento de Mariano Narodoswki al macrismo se le cayó la última de sus consignas electorales.

Durante la campaña proselitista, con el cartel insignia “Va a estar bueno Buenos Aires”, Mauricio Macri se mostró saltando baches, los mismos –aunque un poco más profundos– que todavía esperan ser tapados, y prometió inclusión social, transparencia de gestión y resolución de los problemas más urgentes, entre ellos contar con escuelas en condiciones.

Como ejemplos del concepto de inclusión social del PRO, basta con recordar los despidos injustificados de 2300 empleados municipales, el violento desalojo de cartoneros de Barrancas de Belgrano, la reducción de más del 50 por ciento de los talleres culturales barriales y la tercerización de programas de asistencia a menores en riesgo, entre otros ejemplos.

De la transparencia y eficacia en la administración de los recursos públicos de la ciudad tampoco se puede ufanar: por decreto nombró empresarios amigos en puestos clave, algo realmente preocupante porque si los intereses privados se confunden con la función pública los negocios pueden terminar en negociados; elevó de 300 mil a 500 mil pesos las contrataciones directas, es decir aquellas que no requieren llamado a licitación y autorizó a que el Ejecutivo contrate asesores en un número mayor al personal que había cesanteado. Otro ejemplo, a poco de asumir, basado en un informe de la Auditoría General de la ciudad, hizo denuncias públicas sobre irregularidades administrativas –de varios millones de pesos– en la obra social de los trabajadores municipales. Justificó así la intervención de esa entidad, que avaló la Legislatura, pero se olvidó, pese a que era su obligación, de radicar la correspondiente denuncia penal ante la Justicia. Quien sí lo hizo fue la auditora Paula Olivetto, de la Coalición Cívica, pero en solitario, porque los restantes miembros de ese organismo de control decidieron no asumir tal compromiso.

La Legislatura confió en las propuestas del Ejecutivo y le dio todas las herramientas para agilizar los trámites de contratación, incluso hasta autorizó a contraer deuda. En la sesión del pasado 6 de diciembre, cuando se aprobó la ley de emergencia edilicia de las escuelas estatales de la ciudad, la hoy vicejefe de Gobierno, Gabriela Michetti, dijo textualmente que esa norma era “una herramienta” que les permitiría “trabajar eficazmente” para “hacer más expeditivo y eficaz el mejoramiento de la infraestructura edilicia del sistema educativo de la ciudad”. Es más, el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, llegó a decir que sería responsabilidad de los legisladores que no se repararan las escuelas si no se votaba la propuesta del Ejecutivo.

Fue así que el macrismo prometió que en marzo todas las escuelas de la ciudad estarían en condiciones, pero al 4 de marzo, fecha de iniciación de las clases, las obras en las escuelas consistían en trabajos menores de albañilería y de pintura, no en la instalación de gas, mientras otras continuaban con sus instalaciones eléctricas deficientes –algunas con el cableado a la vista–, con filtraciones y rajaduras en sus estructuras.

* Vicepresidente del bloque Coalición Cívica de la Legislatura porteña.