Miles de personas marcharon ayer por las calles de Montevideo en un nuevo aniversario del asesinato de militantes por parte de la última dictadura militar uruguaya (1973-1985). Con la consigna “Verdad y Justicia”, asociaciones de derechos humanos y organizaciones sociales conmemoraron a más de 200 desaparecidos en una jornada que estuvo marcada tanto por elogios como críticas hacia el gobierno. “Ha hecho mucho, pero no todo lo que necesitamos”, dijo en la víspera del aniversario Luisa Cuesta, de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos.

Ni con bombos ni con banderas partidarias. A diferencia de la tradición argentina, la décimo tercera Marcha del Silencio se llevó a cabo como lo indica su nombre. Con los retratos de los ausentes, los familiares de las víctimas encabezaron la movilización que reunió entre 20.000 y 25.000 personas, un 50 por ciento menos que el año pasado. El silencio sólo se interrumpió a los gritos, cuando los familiares de los desaparecidos llegaron a la explanada de la intendencia de Montevideo y gritaron “presente” cada vez que el orador leía el nombre de una de las víctimas.

Desde 1996, todos los 20 de mayo los organismos de DD.HH., la central sindical PIT-CNT, la Federación de Universitarios (FEU), la federación de cooperativas (Fucvam) y la Coordinadora por la anulación de la Ley de Caducidad parten de la Plaza de los Desaparecidos hasta la Plaza Libertad para recordar esa fecha, en la que los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, junto con los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, fueron asesinados en Buenos Aires por la dictadura uruguaya y argentina en 1976.

El reclamo de fondo es saber qué ocurrió con los desaparecidos y repudiar la dictadura. “(El 20 de mayo) es la reafirmación del ‘Nunca más’, es por lo que venimos luchando hace años”, señaló al diario local El País Javier Miranda, abogado y vocero de Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos.

Desde la llegada al poder del Frente Amplio, que ayer convocó a la movilización, algunos creen que el aniversario se desarrolló en un contexto favorable para los derechos humanos. “Pedimos Verdad y Justicia en un gobierno que está contra la impunidad y de cara a la anulación de la Ley de Caducidad”, dijo a Página/12 Rafael Michelini, senador de la coalición oficialista e hijo del legislador asesinado. “No concebimos la nulidad de la Caducidad como un tema parlamentario, sino como el resultado de la movilización”, añadió.

Dicha ley, votada en 1986 y ratificada por plebiscito en 1989, impidió juzgar a la mayoría de los responsables de violaciones a los derechos humanos en la dictadura. Pero aunque el presidente Tabaré Vázquez se niega a derogar la norma, el último plenario del FA votó apoyar la campaña por anularla, que hasta ahora recolectó unas 105.000 firmas de las casi 250.000 que se requieren para llamar al referendo antes de abril del 2009.

No obstante, la marcha de ayer no incluyó la nulidad en sus consignas debido a que algunos familiares no estaban de acuerdo. “La mayoría participa de la campaña por la nulidad, pero algunos no. Igualmente todos están contra la impunidad”, dijo a este diario Luis Puig, el secretario de DD.HH. de la PIT-CNT. El gremialista oficialista es uno de los que piensan que si bien hubo avances en derechos humanos bajo el actual gobierno, no alcanza. “Es imprescindible anular la Ley de Caducidad”, dijo.

Pero ése no es el único pedido que se le hace al gobierno. A diferencia del gobierno argentino, en Uruguay las causas que se encuentran en la Justicia son por iniciativa de las víctimas o sus familiares y no por el Estado, señaló Raúl Olivera, de la Comisión de Derechos Humanos de la PIT-CNT. Asimismo, algunos familiares critican a la embajada uruguaya en Italia por demorarse meses atrás en presentar la solicitud de extradición del represor Jorge Tróccoli, lo que permitió la liberación del militar. “Todo va muy lento”, afirmó a El País Amalia González, integrante de Detenidos-Desaparecidos.

Los cuestionamientos también surgen desde las propias filas del oficialismo ante lo que algunos ven como una ausencia de resultados en las indagaciones sobre los uruguayos desaparecidos en Argentina. “Lo único que el gobierno ha hecho es sacar los casos de la Ley de Caducidad”, dijo a El País Lille Caruso, responsable de DD.HH. del oficialista Partido Comunista.

Informe: Juan Manuel Barca.