En medio del lockout agropecuario, Fernando “Pino” Solanas participó de uno de los actos de la Federación Agraria por invitación de su “amigo” Eduardo Buzzi. Ese gesto de apoyo al dirigente rural generó dudas respecto de la postura del referente de Proyecto Sur y presidente del Grupo Moreno relacionadas con la aplicación de las retenciones móviles. En este reportaje con Página/12, Solanas las defiende, pero pide su cobro diferenciado. Critica la alianza de la Federación Agraria con la Sociedad Rural, afirma que se sumaron a la protesta sectores golpistas, acusa a Elisa Carrió por su discurso “demagógico” y sostiene que la cobertura mediática fue parcial. Pero es igual de contundente en su denuncia del “doble discurso” del Gobierno.

–¿Cuál es su visión del conflicto?

–El conflicto estalló no sólo por el aumento de las retenciones, sino por la falta de solución a un conjunto de demandas del sector agropecuario, en especial de los pequeños productores. En los últimos años se acentuó lo peor del modelo agrario menemista: concentración de la tierra, extensión del área sojera, expansión de los pooles de siembra. El avance de la soja arrasó con miles de productores que hacen agricultura de subsistencia en Chaco, Santiago del Estero y Formosa.

–Pero la suerte de esos productores no estuvo en la agenda de las entidades ruralistas, incluida la Federación Agraria.

–Yo tengo amistad y mucho respeto por Eduardo Buzzi, pero he considerado un error que se haya lanzado a esta lucha con la Sociedad Rural. Esa alianza genera una enorme confusión, porque se mezclan intereses antagónicos. Estoy de acuerdo con la mayoría de los postulados de la Federación Agraria, salvo su rechazo a las retenciones móviles. También me parece mal que no haya colocado como primer punto de la agenda la identificación de las grandes exportadoras agrarias –Cargill, Dreyfus, Bunge & Born, Aceitera General Deheza– como su principal enemigo. De los dos lados hay contradicciones flagrantes. El Gobierno habla de redistribuir y deja de lado a esos exportadores, que son quienes se quedan con la mayor parte de la renta agraria.

–¿Qué opina de las retenciones móviles?

–Desde el primer momento hicimos una defensa absoluta de las retenciones como política de Estado. Queremos las retenciones móviles, pero queremos que sean segmentadas. Es decir, no se le puede cobrar lo mismo al que tiene mucho y al que tiene poco. Además, las retenciones deben ser una política generalizada, no sectorial. El Gobierno se olvida de aplicarles retenciones a las millonarias exportaciones pesqueras, cobra muy poco por las exportaciones de aceites y deja de lado la minería. No hay forma de justificar que la minería esté libre del impuesto, cuando los precios de los metales subieron entre 300 y 400 por ciento.

–El Gobierno dice que ahora les está empezando a cobrar a las mineras.

–La retención es bajísima y no se está aplicando. La política del Gobierno es absolutamente contradictoria. Todo eso ha enervado al campo y se suman las broncas de otros sectores que aprovechan este conflicto para exteriorizar su enojo, y en el extremo hay quienes quieren desestabilizar, se suman sectores golpistas.

–¿Por qué un sector del progresismo retaceó apoyo a la instrumentación de retenciones móviles?

–No es nuestro caso. Las retenciones son un instrumento legítimo al que echan mano todas las naciones para reconstruir su economía o financiar su desarrollo. El productor que siente que le están sacando algo que es suyo olvida que si ha podido recuperarse y ahora está ganando dinero es porque el conjunto del pueblo soportó la espectacular devaluación del 2002. El productor rural no puede quejarse de las retenciones, pero el Gobierno cometió un error al aplicarlas a todos por igual.

–El Gobierno interpretó el lockout como la resistencia de un sector del poder económico a una medida redistributiva. ¿Coincide?

–Por supuesto que hay quienes no quieren ceder un peso. Pero el Gobierno lo que busca es construir dos grandes bloques antagónicos: nosotros somos el bien y ellos son el mal. Y eso es una mentira. Este Gobierno mantiene la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz, no se mete con las corporaciones del cereal y extiende las concesiones petroleras hasta el 2047. El Gobierno apeló a ese discurso de buenos y malos el año pasado para enfrentar a Macri en Capital. Mientras decía que Macri era la derecha mala, ellos eran la derecha pésima, porque mandaban a aprobar la Ley Antiterrorista. Acá hay dobles discursos de todos lados. Y si uno escucha a Carrió es un discurso demagógico en el peor sentido: esconde temas, tiene una visión apocalíptica.

–¿Cómo analiza el papel de los medios?

–La cobertura fue parcial. Los grandes grupos jugaron para el campo. Pero el Gobierno es responsable de lo que está pasando: quién prorrogó a dedo por diez años las licencias de televisión, quién permitió el monopolio del cable al autorizar la fusión entre Multicanal y Cablevisión. No obstante, saludo de pie, porque así como critico los grandes errores saludo las grandes medidas, la extraordinaria convocatoria de 21 puntos para discutir una nueva Ley de Radiodifusión. Es un tema central que impulsé cuando fui diputado. La clase política todavía no responde a la convocatoria porque obra con mezquindad.