Desde París

Europa será pronto una fortaleza a donde inmigrar clandestinamente equivaldrá a haber cometido un crimen mayor. Los 27 ministros de Interior de la Unión Europea dieron una vuelta de tuerca represiva contra la inmigración que podría verse confirmada esta semana una vez que el Parlamento Europeo empiece el examen de un texto llamado “Directiva Retorno”. La disposición en discusión a partir de mañana, 18 de junio, prevé penas de cárcel de hasta 18 meses para los inmigrados ilegales. La meta final del dispositivo represivo consiste en condicionar la regularización masiva de ilegales a la autorización de los otros Estados. Tres años después de que el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, evocara por primera vez una política común europea en materia de inmigración, el Viejo Continente está cerca de dotarse de ese mecanismo pero con acentos y disposiciones que rozan la discriminación y la represión a mansalva. La Directiva Retorno de la UE consagra de manera asombrosa la figura del ilegal como un delincuente.

Dicha Directiva formula reglas comunes de expulsión de los clandestinos. La nueva ley impone a las autoridades nacionales de los países miembro de la UE elegir entre legalizar a los inmigrantes ilegales o expulsarlos. Esta expulsión, llamada amablemente “alejamiento”, debe ser “voluntaria” dentro de lo posible porque, en caso contrario, la Directiva Retorno reconoce el recurso a la fuerza como una necesidad. El capítulo más cuestionado de la Directiva Retorno es el que atañe al peso de las condenas que se aplicarían a los indocumentados: según los casos, los ilegales pueden permanecer en detención un período que oscila entre los seis y los 18 meses. La Directiva Retorno es el primer bloque de un edificio represivo que empezó a construirse a partir de 2005, luego de la crisis migratoria que se produjo en Ceuta y Melilla, los dos enclaves de España situados en el Norte de Africa. Un año más tarde, el arribo masivo de clandestinos a las islas Canarias (sur de España) terminó por impulsar la creación de Frontex, la Agencia Europea de Fronteras Externas, y dio lugar al inicio de patrullas conjuntas en aguas del Atlántico y el Mediterráneo. Desde ese entonces, la UE viene trabajando en un enfoque global del tema migratorio que integre no sólo la seguridad ante los ilegales sino, también, el fomento de acuerdos de cooperación, desarrollo y readmisión con los países de origen y tránsito.

Sin embargo, el paquete que mejor progresó es el represivo. En esta armadura, la Directiva Retorno es el primer muro al que se le agregará luego el frontón final, impulsado por Francia: se trata del “pacto europeo de inmigración y asilo” que debería ser adoptado durante la presidencia francesa de la UE, que empieza el 1º de julio. En resumen, la Unión y sus Estados miembro manifiestan claramente que los inmigrados no son los bienvenidos en tierras del Viejo Continente.

La Directiva Retorno ha creado un fuerte roce diplomático entre Bolivia, Ecuador y la Unión Europea. Estos dos países son los que cuentan con el mayor número de inmigrados ilegales en Europa, especialmente en España. Varias asociaciones francesas y europeas de defensa de los inmigrados calificaron el texto europeo como “la Directiva de la vergüenza”. El presidente boliviano, Evo Morales, escribió una carta a la UE y luego publicó un artículo en el diario francés Libération en el cual llama a rechazar el texto: “En nombre del pueblo boliviano, de todos mis hermanos del continente y de las regiones del mundo como el Magreb y los países africanos, llamo a la conciencia de los dirigentes y diputados europeos, de los pueblos, de los ciudadanos y de los militantes de Europa para que no se apruebe el texto de la Directiva de Retorno”, dice Morales. El mandatario recuerda el aluvión de europeos que llegó a América latina a partir del siglo XIX “sin visa ni condiciones impuestas por las autoridades. (... ) Decenas de millones de europeos partieron a las Américas para colonizar, escapar a la hambruna, a las crisis financieras, a las guerras y a los totalitarismos. Vinieron a nuestro continente a explotar las riquezas y a transferirlas a Europa, con un costo muy elevado para los pueblos originarios de América”. Según Morales, el texto europeo viola varios artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Por esa razón, el presidente advierte que “si esta directiva fuese aprobada, quedaríamos en la imposibilidad ética de profundizar las relaciones con la Unión Europea y nos reservamos el derecho de imponer a los ciudadanos europeos las mismas obligaciones de visa que se nos impuso el 1º de abril de 2007, según el principio de reciprocidad”.

Es legítimo señalar que, fuera de Brasil, los países latinoamericanos son de un perfil subterráneo cuando se trata de reaccionar a los abusos que sufren los ciudadanos de América latina en los aeropuertos de Europa. Malos tratos, desprecio, racismo, discriminación, insultos, detenciones arbitrarias y expulsiones injustificables constituyen un lote de vejaciones cotidianas ante las cuales los Estados del continente suelen quedarse callados. Existen en América latina decenas de miles de europeos que residen sin papeles y son escasos los ejemplos de expulsiones y malos tratos, tan escasos como las estadísticas sobre la inmigración del Viejo Continente. Habría que filmar con una cámara escondida la voracidad racial con que los aduaneros españoles e italianos tratan a los latinoamericanos de piel morena.

La Directiva Retorno se inscribe en un movimiento que empezó en Francia en los años ’80 con la emergencia de la extrema derecha francesa del Frente Nacional, dirigido por el dinosáurico Jean-Marie Le Pen. Desde ese momento, el inmigrado se convirtió en el culpable designado del desempleo, la criminalidad y la perversión de los valores nacionales. El inmigrado se tornó también un argumento electoral. Hubo años en que, pese a la evidencia de la recesión y la falta de reformas, el tema apareció entre las primeras preocupaciones de los electores. Ni la izquierda ni la derecha se privaron de recurrir a ese fructuoso fondo de comercio para atraer votos. En los últimos años y con la notoria excepción de España, los países europeos empezaron a endurecer sus políticas inmigratorias. Dinamarca, Alemania, Gran Bretaña, Italia ahora y Francia, que, en los cinco años transcurridos, modificó seis veces las leyes que regulan los flujos migratorios. Según cifras oficiales de la UE, el trabajo en negro de los clandestinos pesa entre 7 por ciento y 16 por ciento del PIB. La misma fuente calcula que hay entre tres y seis millones de extranjeros sin papales en Europa, es decir, 1 por ciento de la población (493 millones). Los estudios revelan que el número de extranjeros que ingresan anualmente a la Europa de los 27 en forma clandestina llega a medio millón. En un espacio abierto de libre circulación, los dirigentes europeos buscan evitar que el clandestino elija el país donde la legislación puede serle más favorable.

No obstante, las legislaciones nacionales son muy distintas y cada país rehúsa modificar su propio sistema en pos de una regla común. Ello explica la existencia de la Directiva Retorno. No se trata de un texto que armoniza las políticas sino que fija reglas mínimas de aplicación que no pongan en tela de juicio las disposiciones locales. En este contexto, lo que atañe a la detención de los extranjeros por un lapso que puede llegar a los 18 meses, hay unos 9 Estados que deberán modificar sus disposiciones internas, ya que su ley no contempla límite para esos arrestos. Patrick Weil, un investigador especialista en tema de inmigración, destaca con todo que “las diferencias son demasiado grandes entre los sistemas y las necesidades”. En lo concreto, fuera del caso de marcos muy estrictos, es difícil elaborar una política común de inmigración. Además, como lo destaca el investigador, las urgencias no recorren a los 27 países con la misma regla: “Entre los países que conocen una demografía fuerte como Francia y Gran Bretaña y aquellos que, como Alemania e Italia, tienen una demografía débil, las necesidades no son las mismas”.

El próximo 1º de julio es una fecha clave. Francia asume la presidencia rotativa de la UE (seis meses) y aprovechará para empujar la adopción del “pacto europeo sobre inmigración”. Además de reforzar el control en las fronteras exteriores de la Unión, su propósito central consiste en evitar la regularización masiva de inmigrados tal como ocurrió en Italia y en España donde entre 2003 y 2007 más de dos millones de personas fueron legalizadas. Lo paradójico de la situación reside en que, al mismo tiempo que Europa opta por un perfil represivo, sus necesidades en materia de inmigración son crecientes. En el año 2000, un informe de la ONU calculó que hasta el año 2015 Europa necesitaba recibir a 159 millones de inmigrados a fin de subsanar su déficit demográfico.

Pero la política inmigratoria actual es una suerte de cóctel político policial. Por ejemplo, la Directiva Retorno no sólo puede mandar a la cárcel a una persona durante casi dos años sino que, además, le impide volver al país expulsado –en este caso a cualquiera de la UE– a lo largo de cinco años. El ilegal adquiere así la figura de un temible delincuente al que hay que perseguir con leyes que sancionan su estatuto con más severidad que otros crímenes mayores. Sin embargo, según un estudio de la Comisión Europea, entre el año 2010 y 2030 Europa perderá 20 millones de trabajadores debido a su debilidad demográfica. La palma de oro de la vergüenza se la gana hoy la Italia de Silvio Berlusconi. País que cuenta sin dudas con el número más elevado de inmigrados repartidos en todos los países del mundo, Italia lidera las naciones europeas que tienden a hacer del inmigrado casi un serial killer. Un proyecto de ley del gobierno de Berlusconi prevé introducir el delito de “ingreso ilegal” en el territorio. Los juicios contemplados en la ley tienen la carátula de “delito flagrante” y las penas que los sancionan van de seis meses a cuatro años de cárcel. Si la Argentina que construimos tuviera esos criterios, más de la mitad de la población habría ido a la cárcel.