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Diego Frías, Darío Neves y Martín Seviranes, tres humildes trabajadores, sin antecedentes, llevan 30 meses presos por una causa que, según todos los jueces, fiscales y expertos consultados por PáginaI12 tiene un descomunal olor a armado policial. Sin embargo, lo más desesperante es que desde marzo de 2007, o sea desde hace quince meses, ningún tribunal se quiere hacer cargo del caso.

En forma unánime, los juristas que dialogaron con este diario consideran inexplicable la siguiente sucesión de hechos:

- Después de tener el expediente durante dos meses, en mayo de 2007, el Tribunal Oral Criminal número 5 de San Isidro, con sede en San Martín, se declaró incompetente.

- Le envió la causa a la Justicia ordinaria, concretamente, al Tribunal Oral Criminal (TOC) número 1 de San Isidro. De un tribunal al otro, el expediente tardó un mes en llegar.

- Como era cantado, el TOC 1 de San Isidro también se declaró incompetente.

- Sin embargo, los magistrados de San Isidro creyeron que correspondía que los imputados no estuvieran en Villa Devoto sino con prisión preventiva morigerada, que equivale a estar en libertad. Por esa razón, ordenaron que se hicieron estudios socioambientales de los hogares y de los trabajos que Frías, Neves y Seviranes tenían hasta enero de 2006. Cuando se empezaron a hacer los estudios, el TOC 1 de San Isidro optó por no resolver nada, declaró la incompetencia y devolvió el expediente al tribunal federal de San Martín. ¡En ese proceso se perdieron ocho meses, con los tres trabajadores en Devoto!

- En diciembre de 2007, el TOC Federal de San Martín confirmó su incompetencia y envió el expediente a la Corte Suprema de la Nación para que resolviera qué tribunal debe hacerse cargo.

- Sin embargo, supuestamente el TOC Federal entendió que los imputados ya llevaban demasiado tiempo presos y se firmó la excarcelación para dos de ellos, Frías y Neves. Otro tribunal de feria, en enero, decidió la continuidad de la prisión de Seviranes. Lo insólito es que les fijaron una caución personal de 200.000 pesos, lo que significa que se tenían que conseguir un garante que no sólo estuviera dispuesto a firmar semejante garantía sino que, además, debía presentarse –el garante– en el juzgado tres veces por semana. Por supuesto, que Frías y Neves no pudieron salir de Devoto, pese a que la excarcelación fue concedida hace seis meses.

- Por otra parte, la prisión preventiva de Frías y Neves nunca fue prorrogada, después de los dos años iniciales, o sea que están en prisión sin que hubiera ningún fallo que respaldara ese encarcelamiento.

- Los abogados Atilio Neira y Adrián Albor apelaron ante la Cámara de Casación el monto de la caución de 200.000 pesos sosteniendo que nadie puede estar preso por pobre. La Sala de Casación fijó la audiencia para el lunes 9 y si, como todo hacía prever, se revocaba el monto de la caución, los tres trabajadores saldrían excarcelados.

- El viernes anterior, la Corte Suprema decidió que el caso fuera sustanciado en la Justicia ordinaria, o sea que debe volver al TOC 1 de San Isidro. La Casación, que es Federal, anuló entonces la audiencia y por lo tanto quedó en la nada la perspectiva de libertad para Frías, Neves y Seviranes.

- La causa debería llegar esta semana otra vez a San Isidro, el mismo lugar donde estuvo hace más de un año. Con el detalle de que durante esos 12 meses los trabajadores estuvieron presos y sus familias en una situación económica desesperada.

El caso por el que están presos Frías, Neves y Seviranes fue investigado por un famoso –y dudoso– oficial de la Policía Bonaerense, Pablo Machicote. Se trató del secuestro de dos personas que pagaron un rescate de 5000 pesos. Según Machicote, que señaló a los tres imputados como participantes del secuestro fue una señora de nombre Graciela. La mujer –dice el oficial de la Bonaerense– se mudó y nunca pudo ser encontrada, o sea que no declaró en la causa judicial. Machicote afirma que conoció a la tal Graciela a través de otra mujer, Elda Gamarra, que, llamada a declarar, afirmó que nunca le presentó ninguna Graciela a Machicote. A esta secuencia le siguió una serie de reconocimientos dudosos, testimonios oscuros y declaraciones de policías que se contradicen.

Para redondear, en el expediente fue detenida, hace ya un año y medio, una cuarta persona, con frondosos antecedentes, cuya huella digital coincide con la encontrada en el auto en el que estuvieron los secuestrados. La fiscal Rita Molina, la preferida de Juan Carlos Blumberg, no pudo encontrar ni una sola conexión ni una llamada ni un elemento que vinculara a Frías-Neves-Seviranes con ese cuarto detenido. Las huellas digitales encontradas en el vehículo no coinciden con las de los detenidos, ninguna escucha telefónica los incrimina, nada se encontró en los allanamientos y los tres explicaron donde estuvieron aquella noche. Es más, Frías compró el 31 de diciembre de 2005 –horas después del secuestro– un par de zapatillas en Corner Deportes por un total de 241 pesos. Lo hizo pagando con un crédito Full Cred en seis cuotas.

Hace un año y medio, este periodista se comunicó con la fiscal Rita Molina para preguntarle sobre las dudas que planteaba el caso y la posibilidad de reabrir la investigación. La funcionaria contestó: “Que se defiendan en el juicio oral”.