El ejército tuvo que abandonar una favela del centro de Río de Janeiro después de entregar tres jóvenes a narcotraficantes que los asesinaron. Unos 250 soldados comenzaron a salir del área ayer en acatamiento de la orden de un tribunal de Justicia federal, que consideró inconstitucional la labor de militares en funciones policiales. Sin embargo, los efectivos fueron reemplazados por la policía militar. Ayer los familiares de las víctimas se reunieron con el presidente Luiz Lula da Silva para pedirle que retirara todas las fuerzas militares en momentos que el gobierno defiende su accionar en áreas urbanas.

La militarizada Fuerza Nacional de Seguridad sustituyó a las patrullas del ejército en la vigilancia del Morro de la Providencia, una peligrosa favela de la zona portuaria, en la que estaban acantonados desde finales de 2007 para dar seguridad a un programa de mejoras urbanas.

El ministro de Defensa, Nelson Jobim, tomó la decisión política de pedir el repliegue de los soldados después de que los vecinos del barrio organizaran protestas violentas y les arrojaran piedras. Los habitantes de esa favela los denuncian por abusos de poder y de ser aliados de bandas de narcotraficantes. La semana pasada el Ministerio Público del estado de Río de Janeiro acusó formalmente a once militares del secuestro y asesinato de tres jóvenes, que fueron entregados a narcotraficantes y asesinados por éstos.

Los acusados reconocieron el hecho pero alegaron que sólo querían dar un “escarmiento” a las víctimas y no imaginaban que serían ejecutados. Por su parte, cuatro militares presos redactaron una carta, que aún no fue divulgada, en la que pidieron disculpas a la población, informó O Globo.

Ante la ola de indignación que sacudió al Barrio de la Providencia, los familiares de las víctimas fueron recibidos por Lula en el Palacio del Planalto. “Yo le pedí pero (Lula), no dijo nada”, dijo Gonzaga da Costa, madre de uno de los jóvenes. Cuando el mandatario se enteró días atrás de los hechos, los calificó de “abominables”.

En los últimos días, la presencia de los militares para apoyar un proyecto patrocinado por un político aliado del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue duramente criticada por la oposición, la prensa y los propios habitantes de Providencia.

Sin embargo, el gobierno de Brasil defiende la presencia del ejército en las zonas más empobrecidas del país. Por eso, el fin de semana recibió favorablemente la decisión judicial que había autorizado la permanencia del ejército en Providencia, antes de ser reemplazado por la policía militarizada.

Ayer, el presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Gilmar Mendes, afirmó que pese al repliegue el ejército puede actuar en las favelas de Río de Janeiro para reprimir la delincuencia. “El episodio de Río es lamentable, eso que ocurrió no debe ocurrir, pero eso no tiene nada que ver con el papel que le incumbe (al ejército) en la preservación del orden público”, dijo Mendes. Su postura fue respaldada luego por el ministro Jobim.