El juez en lo contencioso Roberto Andrés Gallardo le ordenó al gobierno porteño que no desaloje la carpa K que está instalada frente al Congreso y que desató una polémica entre macristas, kirchneristas y ruralistas que trajeron su propia carpa verde. Además de conceder una medida cautelar, Gallardo cuestionó en su fallo que la gestión del jefe Mauricio Macri no haya mostrado la misma celeridad para pedir el desalojo cuando ocupó toda la 9 de Julio el telepastor evangélico Luis Palau ni cuando fueron los cacerolazos. “Actuó con debido tino al no pedir su represión. De lo que se trata es de igual trato”, le planteó Su Señoría.

El pedido de amparo lo presentó el jefe del bloque kirchnerista en la Legislatura, Diego Kravetz, mientras las autoridades de la ciudad amenazaban con un nuevo intento de desalojo. Además de intimar al gobierno porteño a que se abstenga de desalojar a los manifestantes K, el juez ordenó a los bomberos que hagan un informe sobre las condiciones de seguridad de las carpas.

En su fallo, Gallardo apuntó que “en los últimos tres meses” el conflicto rural incluyó el “corte generalizado de rutas y desabastecimiento”, por lo que consideró que “el nivel expresivo de la actual manifestación política, en la que no aparece comprometida la circulación vehicular ni la seguridad pública, no sería objeto de reproche”. Advirtió que el conflicto bajó en intensidad y que es preferible que “los sectores antagónicos expresen libremente sus ideas”. Le reprochó al gobierno porteño el intento de desalojo, algo que “no haría sino exacerbar los ánimos, que con tino se intenta calmar desde el poder público federal”.

No sin picardía, Gallardo citó la autorización que le dio Macri a Palau para cortar la 9 de Julio para su megapredicación. Allí el jefe de Gobierno delegó en los organizadores la seguridad del encuentro, a contrapelo de los argumentos que usaron para el intento de desalojo de la carpa kirchnerista. “El gobierno autorizó un gigantesco escenario (...) y permitió la interrupción de la circulación vehicular desde el 6 de marzo hasta varios días después de finalizado el evento”, detalló el magistrado.

Además, le recordó a Macri que no tuvo el mismo trato con los cacerolazos: “Dentro del mismo marco político, se produjeron varios cortes de arterias de la Ciudad originadas en sectores conocidos como ‘caceroleros’, impidiendo la libre circulación peatonal y vehicular. Y no se tienen noticia de que el gobierno de la Ciudad haya denunciado policialmente dicha circunstancia y pretendido el desalojo forzado de los manifestantes”, le echó en cara.

“¿Cómo van a desalojar a los que hicieron cacerolazos si era gente que se movía por la calle? No había una instalación con cosas que ponen en peligro a la gente. No podemos garantizar la seguridad ni de los que están en las carpas ni de los transeúntes. Si tuviéramos la policía, los hubiéramos desalojado”, le respondió a PáginaI12 el procurador porteño, Pablo Tonelli, que apelará el fallo. “Es muy desafortunada la cita que trae del acto de Palau. En ese caso, hubo meses de tratativas y, por supuesto, hubo un permiso”, sostuvo. “Hay un error conceptual básico, que es suponer que el derecho a la libertad de expresión se puede ejercer solamente con una carpa”, afirmó. Tonelli lamentó que, para cuando se resuelva la apelación, probablemente todo habrá terminado.