El juicio por la Masacre de Fátima, como se conoce a la ejecución de 30 personas en 1976 previo secuestro en Superintendencia de Seguridad Federal, continuó ayer con el alegato en defensa del comisario retirado Carlos Gallone. Los abogados Adrián Tellas y Martín Cardoso reiteraron que su cliente estaba en Mar del Plata y se esmeraron durante tres horas en de-sacreditar a los testigos. Hoy será el turno de la defensa oficial de Juan Carlos Lapuyole.

Miembro del estudio Orgeira que defendió a Roberto Viola en 1985, Tellas planteó que tanto el juez Daniel Rafecas en su elevación, como el fiscal Félix Crous y la querella del CELS en el alegato, se refirieron al rol de Gallone desde el momento de los secuestros. Como fue indagado sólo por la masacre, pidió la nulidad del juicio, sin vueltas. Al final argumentó que los delitos estaban prescriptos, que las leyes de impunidad que la Corte Suprema declaró inconstitucionales y el Congreso nulas son “inobjetables” y que los delitos de lesa humanidad “son amnistiables”.

Cardoso dijo que los testigos sólo “saben de oídas”. En parte es cierto e inevitable: los dinamitados no están; los camaradas de su cliente no hablan, unos por “temor de quedar imputados”, otros porque “desaparecieron de los lugares que frecuentaban”, confió Tellas. Sobre quienes no tocan de oídas, Cardoso objetó que “no deben hablar entre sí” antes de declarar. Como durante treinta años hablaron, infringieron “el artículo 384 del ritual”. El abogado no ocultó sus saberes extrajurídicos. Si Horacio García Gastelú era conscripto en una base naval “lo lógico es que lo hubiera secuestrado la Marina”. “Es poco creíble que pudieran espiar” por debajo de la venda. Si un testigo fue torturado con saña, “¿cómo pudo preocuparse por retener nombres? Deberían tener pánico, rezar”, razonó indignado.

Ambos se esmeraron en cuestionar al testigo Armando Luchina. “Confunde períodos de la lucha contra la subversión” (sic), dijo Cardoso. Consideró “infantil” que, como guardia, el entonces cabo primero no exigiera identificación de superiores y militares. También le resultó incomprensible que se animara a espiar ficheros secretos. Habría desaparecido “en los vuelos”, dijo. La masacre fue “una represalia de otra fuerza” por el asesinato del general Omar Actis, que Gallone, humilde inspector, no pudo ordenar ni impedir. Sugirieron que las catorce víctimas no identificadas “no salieron de Superintendencia, o bien salieron uno o dos días antes” hacia otro centro de detención, escala previa a la masacre. En ambos casos, claro, Gallone no habría participado de los homicidios.