“Eso era campo abierto, un campo comunero”, dijo el ingeniero agrónomo Jorge Salomón, ex secretario de Agricultura en La Rioja, que fue testigo en la causa. La palabra incomodó al abogado del empresario Martín Buttié y quiso saber su significado. “De uso de la comunidad”, explicó Salomón. “Siempre tuvimos permiso para criar animales ahí hasta que apareció Buttié, que quería cobrar pastaje”, había dicho otra testigo. Estos testimonios no fueron suficientes: ayer la Justicia cordobesa condenó por usurpación a ocho campesinos de la localidad de El Chacho, a pesar de que durante el juicio quedó comprobado que los pobladores estaban ejerciendo la posesión histórica y el uso comunitario de las dos mil hectáreas en cuestión.

“Ahora los pueden desalojar porque, además de seis meses de prisión en suspenso, la sentencia incluye la restitución de la tierra, pero vamos a apelar a Casación porque las familias están indignadas, ni siquiera hubo acusación de la fiscalía, fue una decisión ideológica del juez Ricardo Py”, explicó a PáginaI12 David Sosa, del Movimiento Campesino de Córdoba, al referirse al presidente de la Cámara Unipersonal Penal de Cruz del Eje.

El Chacho está a 290 kilómetros de Córdoba capital, sobre la Ruta 77, cerca de La Rioja. Cuando aún funcionaba el Ferrocarril Belgrano llegaron 200 familias. Ahora que ya no circula les falta el agua, hay energía eléctrica sólo un par de horas al día y carecen de recursos para producir, por lo cual la cría de animales es para la propia subsistencia.

El 4 de septiembre de 2004 estas familias campesinas impidieron que el capataz de Buttié entrara al campo comunitario, denominado La Novena Acción. Varios días después, la policía y el juez de Paz destruyeron el candado del portón de acceso al campo y lo reemplazaron por otro, al mismo tiempo que les advertían que tenían prohibido su ingreso. En diciembre de 2006 el juez civil de Cruz del Eje, Fernando Aguado, reconoció la posesión a las familias y ordenó a Buttié cesar en sus actos contra los campesinos. Pero entonces el empresario los acusó de usurpación.

Durante una inspección ocular los funcionarios judiciales comprobaron la existencia de corrales y un centenar de vacas y caballos, que los imputados Tomás Silva, Roque Farías, Santos Fernández, Prudencio Cuevas Navarrete y Carlos Zalazar señalaron como propios. Buttié llegó al lugar hace cuatro años y adquirió 24 mil hectáreas para plantar soja –dos mil de las cuales son las que están en litigio– a los herederos de don Cecilio Senar, conocido terrateniente de los Llanos Riojanos.

Un policía, hijo de uno de los imputados, terminó de clarificar el concepto de “campo comunitario”. El juez le preguntó si pensaba que su padre tenía derecho a esa tierra. “Sí, tiene animales ahí, siempre lo usó, la gente vive de eso, en el pueblo se usa así porque eso es para la subsistencia. ¿Quién les va a decir que no?”, fue la respuesta. Al ingeniero Salomón le habían preguntado si los “campos comuneros” están previstos por ley. “No sé, pero en la documentación censal agropecuaria se lo denomina así, y así me lo enseñaron en mi profesión”, contestó.