El presidente electo de Paraguay, Fernando Lugo (57 años), quien asumirá sus funciones el próximo 15 de agosto, dejó de ser formalmente sacerdote y obispo de la Iglesia Católica. Así lo decidió el papa Benedicto XVI. De esta manera cesaron también sobre Lugo las sanciones eclesiásticas que recaían sobre él. La Iglesia considera a Lugo a uno de los suyos e intenta normalizar la relación con el ahora presidente paraguayo. Por eso al comunicar su decisión “el Sumo Pontífice exhorta al señor Fernando Lugo a ser fiel a la fe católica, en la que fue bautizado, y a llevar una vida coherente con el Evangelio”. El presidente electo devolvió las gentilezas y agradeció “sinceramente a Su Santidad por una decisión que no ha sido fácil para el Vaticano porque no hay precedentes”.

Efectivamente, tal como lo señala Lugo, la determinación vaticana tiene carácter absolutamente excepcional, porque no se registran antecedentes de que a un obispo se le haya concedido la dispensa necesaria para volver al estado laical. Máxime cuando en este caso Lugo estaba suspendido a divinis, una de las máximas sanciones que establece la Iglesia Católica, y ello se produjo como consecuencia de que el entonces religioso no aceptó la conminación vaticana para que dejara de lado sus pretensiones políticas y regresara al sacerdocio ministerial. El ahora presidente de Paraguay había pedido al Vaticano su regreso al estado laical el 18 de diciembre de 2006, novedad que hizo pública el 25 de diciembre de ese año. Pocos días después, en enero de 2007, fue sancionado por la Santa Sede.

El anuncio de que Lugo fue liberado “de los votos religiosos hechos en la Sociedad del Verbo Divino, de la obligación del celibato y de las demás obligaciones que el estado clerical comporta” fue hecho en Asunción por el nuncio apostólico Orlando Antonini, y es el resultado de largas negociaciones en las que jugaron un papel importante algunos de los obispos católicos paraguayos que fueron colegas de Lugo, quien ejerció como obispo de San Pedro, una de las regiones más pobres de Paraguay. Esa negociación incluyó un “pedido de perdón” de Lugo a la Iglesia Católica y en particular al Papa, hecho que ocurrió el 28 de abril pasado, por el “dolor” que causó su desobediencia a las leyes canónicas (eclesiásticas), cuando decidió lanzarse a la política y aspirar a la presidencia.

Para el Vaticano no hubo ningún tipo de negociación, sino que la determinación (adoptada el 30 de junio formalmente, pero apenas comunicada esta semana) se ha tomado “habiendo examinado cuidadosamente todas las circunstancias” y “se ha debido exclusivamente a razones canónicas y pastorales” en virtud de que la presidencia del país “no es compatible con las obligaciones del ministerio episcopal del estado clerical” y que ante la elección de Lugo “se exige volver a considerar por el bien del país y para que se distinga claramente de modo definitivo entre el cambio de presidente de la República y el ministerio episcopal, la petición que presentó para que la fuera concedida la pérdida del estado clerical”.

Lugo devolvió gentilezas. “Qué amor ha de tener Benedicto XVI por nuestro país”, dijo, para agregar que la dispensa fue tomada “pensando en el país, en el Paraguay”. En la práctica y conociendo las diferencias que lo separan del Vaticano, por razones teológicas y políticas, se puede decir que el presidente electo comenzó a transitar el camino de las relaciones políticas internacionales. Sin embargo, parte de su equipo de trabajo estuvo reunido en Asunción durante la última semana con el teólogo brasileño Leonardo Boff, un declarado enemigo del papa Ratzinger y uno de los mayores exponentes de la Teología de la Liberación en la que también se inscribe Lugo.

La decisión papal está claramente encaminada a normalizar las relaciones entre el gobierno y la Iglesia Católica a partir de la asunción de Lugo, el próximo 15 de agosto, día en el que la Iglesia celebra a la Virgen María. Lugo sabe que necesita de una buena relación con la Iglesia, una institución de peso en el Paraguay y el Vaticano no quiere malas relaciones con el gobierno en un país católico.