El 19 de agosto, el mismo día en que comenzará el juicio por la llamada masacre de Cromañón, también se realizará la primera audiencia oral en el proceso por corrupción y abuso sexual contra el cura Julio César Grassi. La paradoja del caso que involucra al sacerdote más mediático de los últimos veinte años es que el juicio será oral, pero estará prohibido para el público y para la prensa. En una polémica resolución, el Tribunal Oral número 1 de Morón que juzgará a Grassi dispuso “la prohibición del acceso de público y prensa a las audiencias de debate (...) en protección de la moral e intimidad de los testigos y el interés de la justicia”. La medida fue apelada por el abogado Juan Pablo Gallego, quien representa al Comité de Seguimiento sobre los Derechos del Niño. Gallego consideró “prematura y radical” la decisión de los jueces, de la que dijo que parece “más dirigida a proteger al imputado que a las víctimas”. El querellante afirmó que el tribunal resolvió “ignorando que es de interés de toda la sociedad el esclarecimiento del presente caso y que existe normativa constitucional que ampara tal interés”. Acusó a los jueces de ejercer “censura anticipada y cercenamiento total a la libertad de expresión”.

En el escrito, al que tuvo acceso PáginaI12, Gallego planteó que se deje sin efecto la decisión, que se permita el ingreso de los periodistas “debidamente identificados” y a diez personas del público, por audiencia, en iguales condiciones de control. El abogado querellante admitió la posibilidad de que se prohíba el ingreso de público y prensa los días en que declaren las víctimas del abuso sexual que se investiga. Esto es lo que ha ocurrido en otros procesos orales de similares características, en los cuales los abusados eran niños al momento de ocurridos los hechos. En el caso Grassi, las víctimas hoy son mayores de edad y tienen entre 21 y 23 años, aunque todavía padecen trastornos psicológicos propios de la experiencia que les tocó vivir.

El Tribunal Oral Nº 1 de Morón, a cargo del juicio, está integrado por su presidente, Luis María Andueza, y los vocales Mario Daniel Gómez y Jorge Eduardo Carrera. El cura Grassi, ex presidente de la Fundación Felices los Niños, está imputado por los delitos de “abuso deshonesto, corrupción de menores agravada y amenazas coactivas”, en perjuicio de tres chicos que estaban a su cuidado en su carácter de titular de la institución. Lo que se investigará en este proceso son los delitos que se cometieron contra los chicos identificados como “Gabriel” (tres hechos de abuso), “Ezequiel” (tres hechos) y Luis Gutiérrez (once hechos).

Todos los casos de abuso denunciados ocurrieron, según el relato de las víctimas, en la sede de la Fundación, en la localidad de Hurlingham, partido de Morón. En el caso de Gutiérrez, hay otros dos hechos de abuso que son investigados, pero que habrían ocurrido en un hotel de la ciudad santacruceña de El Calafate. Esos dos casos corren por cuerda separada y en su momento deberán ser juzgados, en forma oral y pública, por la Justicia de esa provincia. Grassi fue indagado en esa causa y está procesado por abuso sexual agravado. Algunas de las evidencias surgidas de esa investigación en el sur del país están incorporadas al proceso que comenzará en Morón y podrán ser usadas como prueba.

El aporte más trascendente que se logró en esa causa fue la realización de la única pericia psicológica y psiquiátrica a la que accedió someterse el cura Grassi. De acuerdo con lo que pudo saberse en forma extraoficial, a través de un vocero de la propia Iglesia Católica, Grassi se habría “preparado” para sortear esa prueba sin sobresaltos. Por eso aceptó hacerla, cuando se había negado antes en la causa de Morón.

Claro que Grassi se habría preocupado en saber cuántos arbolitos tenía que dibujar para sortear algunos de los tests psicológicos. Falló, sin embargo, cuando tuvo que responder a una serie de preguntas clásicas en este tipo de pericias. El resultado fue catastrófico para Grassi: el test determinó que el sacerdote tiene “indicadores similares a los que poseen delincuentes sexuales”. Por esas razones, Grassi nunca más aceptó someterse a ninguna otra pericia psicológica ni psiquiátrica.

El caso Grassi es un largo proceso que comenzó en el año 1998, cuando en el programa Telenoche Investiga, que se emite por Canal 13, salió la primera denuncia sobre los abusos contra “Gabriel” y “Ezequiel”. Después hubo cambio de fiscales, de jueces y de abogados defensores del imputado, además de una serie interminable de amenazas a los testigos de cargo y a las víctimas de los abusos. En julio de 2006 debía comenzar el juicio oral, que entonces estaba a cargo del Tribunal Oral 4 de Morón, que fue recusado por la fiscalía y las querellas y que fue finalmente apartado de la causa. El proceso pasó a manos del Tribunal Oral Nº 1, que ahora fijó la fecha de comienzo de la audiencia y resolvió prohibir el ingreso del público y también de la prensa.

Al margen de la curiosa coincidencia con el comienzo del juicio por Cromañón –esto obligará a los medios de prensa a un gran esfuerzo para hacer las dos coberturas al mismo tiempo–, los jueces del Tribunal 1 resolvieron “la prohibición del acceso de público y prensa” con el argumento de proteger “la moral e intimidad de los testigos y el interés de la Justicia”. Gallego, en nombre del Comité de Seguimiento sobre los Derechos del Niño, apeló la decisión. Esta apelación tiene que ser resuelta una vez que finalice la actual feria judicial.

El recurso de reposición planteado por Gallego califica de “prematura y radical” la medida de los jueces porque dispone “una medida de censura anticipada y de cercenamiento total a la libertad de expresión y a la actividad periodística como comunicadora de hechos sociales”. Agregó que “sin fundamento real alguno” también se “desnaturaliza la esencia de un juicio oral y público, cuya publicidad y transparencia –con los resguardos que propondremos– constituirá precisamente un fuerte resguardo para el aseguramiento de las garantías de las víctimas, suficientemente vapuleadas a lo largo de todo este proceso”.

Gallego insistió en que la medida “no sólo resulta prematura –en tanto la misma puede además ejercerse en caso de necesidad en cualquier momento en uso de las facultades del artículo 342 del ritual por parte del Tribunal– sino que aparece en tales condiciones más dirigida a proteger al imputado que a las víctimas. Ignorando que es de interés de toda la sociedad el esclarecimiento del presente caso y que existe normativa constitucional que ampara tal interés”. El querellante advirtió que esto puede acarrear, para el Estado nacional, “la responsabilidad internacional” por no respetar las convenciones internacionales “paradójicamente invocadas” por el Tribunal 1 en su resolución.

Gallego aclaró que de lo dicho “no debe inferirse que esta representación propicie la vulneración de la intimidad y el derecho a la privacidad de las víctimas”. Recordó, en cambio, que “ha sido esta representación la única y exclusiva interesada en su protección” a lo largo del proceso. Sostuvo que todavía “se continúa revictimizando a las víctimas incluso en esta etapa; en la que aún e inexplicablemente se pretende forzar una nueva pericia psicológica-psiquiátrica de una de las víctimas y particular damnificado, Luis Gutiérrez, contradiciendo todos los protocolos de intervención en la materia”.

El querellante, uno de los tres que actuarán en el juicio, insistió en que “el debate deber ser oral y público bajo sanción de nulidad” porque “la publicidad es la regla”. Gallego puntualizó que “en caso de duda debe estarse siempre por la publicidad del debate” y que en ese marco “la prensa no puede ser excluida de la sala de audiencias, lo cual muestra elocuentemente que la disposición en contrario, con el alcance pretendido en la resolución en crisis, resulta prematura, infundada, contraria a la esencia del juicio oral y público y debe por ende revocarse, en la forma solicitada” por la parte querellante.

Concluyó reclamando que “se disponga la realización del juicio oral y público con autorización –previa rigurosa acreditación– de periodistas debidamente identificados y el acceso al público hasta un máximo de diez personas por jornada de debate, con igual criterio de identificación y autorización previas”. Las autorizaciones “deberán ceder en cada caso en que cualquiera de las víctimas, sujetos pasivos de los hechos materia de enjuiciamiento, sean convocadas al recinto por cualquier motivo, en cuyo caso la restricción debe ser total para el público y la prensa”.

Además de Gallego, quien representa al Comité que preside Estela Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, intervendrán como querellantes Sergio Piris, por “Gabriel”, y Jorge Calcagno, por Gutiérrez. La tercera víctima, “Ezequiel”, perdió la condición de querellante, pero se presentará a declarar contra Grassi. El fiscal del juicio será Alejandro Varela y los defensores del cura, Martín Tipito, Daniel Cabo y Ricardo Malvicini. Todos, en Morón, son considerados discípulos de Luis Victorio Rappazzo, vinculado a importantes figuras políticas locales. Rappazzo es considerado el verdadero artífice de la defensa, junto con Jorge Sandro, que tampoco estará presente en la sala.